Los abogados de Julio “Chocolate” Rigau, quien fuera sorprendido mientras extraía dinero de empleados de la Legislatura Bonaerense de cajeros de un banco, pidieron este lunes que se suspenda de manera urgente la pericia del teléfono celular secuestrado al puntero del PJ.
Es el tercer planteo similar en menos de una semana y la defensa de Rigau sostiene que el secuestro del celular “no estuvo convalidado por el juez de garantías”, que ahora tiene la última palabra.
“DevendrÍA en un escándalo jurídico realizar una pericia sobre un objeto cuyo secuestro no fue ratificado por el Sr. Juez, a lo que agregamos que el acta que dispuso ese secuestro, está declarada NULA por la Excma. Camara. El absurdo resulta evidente y flagrante”, señala el escrito firmado por los tres abogados “Chocolate” Rigau.
La fiscal Betina Lacki reabrió la semana anterior la causa en el marco de la investigación sobre el puntero del PJ, al ordenar una serie de medidas de pruebas, como destaca el peritaje de su teléfono celular, previsto para el próximo 15 de octubre.
La fiscal está preparando un dictamen para contestar los planteos de la defensa y luego definirá el juez de La Plata Guillermo Atencio.
El puntero del PJ Julio fue sorprendido el 9 de septiembre pasado con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura Bonaerense, con las que realizaba extracciones de dinero de un cajero del Banco de la Provincia en La Plata.
La aprehensión había ocurrido en un cajero ubicado en la esquina de 7 y 54. Cuando la Policía acudió al lugar, Rigau tenía encima las 48 tarjetas de los empleados de la Cámara de Diputados de la provincia y las claves para operar.
En la pesquisa también se le encontró1.257.000 de pesos en efectivo de anteriores operaciones que había realizado. A pesar de que el límite por día son $3.000 pesos, en dichas cuentas se llegan a depositar sueldos de 550.000 pesos.
Julio Segundo Rigau tiene 65 años, es electricista y empleado de la Cámara de Diputados; en 2019 integró como concejal suplente una lista del precandidato a intendente Guillermo Escudero, del Frente de Todos.
Los camaristas Mateos y Benavides le apuntaron al acta policial inicial, donde la intervención de los efectivos fue sin previa autorización judicial.
Según el acta policial, fueron llamados al 911 que alertaba la presencia de una persona en el interior del cajero desde hacía varios minutos y que realizaba gran cantidad de extracciones bancarias, algo que llamó la atención.
Por eso, la policía se presentó en el lugar y detuvo a Rigau, en el momento en el que tenía en su poder varias tarjetas de débito y dinero en efectivo, que llevaba en una bolsa negra. En el voto en mayoría de la Cámara, los jueces consideraron que no había justificación que habilitara a los policías "la requisa sin orden judicial que se le efectuara a Julio Rigau ni menos aún el traslado del mismo a la seccional policial".
También tuvieron en cuenta que la intervención de la Justicia fue mucho después. Incluso, los policías ni siquiera sabían por qué detenían al puntero del PJ. "No puedo avalar la actuación policial en la forma que se realizó la requisa sin orden judicial, en tanto la sospecha razonada debe asentarse en circunstancias objetivas que no se observan en el presente caso ex ante", concluyó el Tribunal.
Por su parte, el juez Mateos votó por confirmar la investigación, pero quedó en minoría frente al resto de sus colegas, por lo cual la investigación fue anulada
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