El ente que integran funcionarios del Ejecutivo nacional, sindicatos y empresarios no llegó a un punto en común por el mínimo, vital y móvil. La oferta fue cercana al 20 por ciento.

En una jornada convulsionada por la protesta de organizaciones sociales disgustadas por no haber sido convocadas al Consejo del Salario y por el desacuerdo de las tres centrales sindicales a la propuesta empresarial, el Gobierno decretó mediante un inédito “laudo” un aumento del 24% del salario mínimo, vital y móvil elevándolo, de esta forma, a $10 mil pero que serán pagaderos en tres tramos hasta julio de 2018.

La sede de avenida Alem del Ministerio de Trabajo fue escenario este martes de una nueva reunión Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, con la presencia del anfitrión, el ministro Jorge Triaca, el triunvirato de la CGT -Carlos Acuña, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer-, Pablo Micheli (CTA), el docente Roberto Baradel, entre otros sindicalistas, y por el sector empresario Adelmo Gabbi (BCBA), Verónica Sánchez (FEHGRA), Daniel Asseff (CONINAGRO), Luis Galeazzi (ARGECON), Ignacio De Jauregui (CAME) y Jorge Hulton (CAMARCO).

Previamente, cientos de manifestantes de Barrios de Pie y CTEP habían realizado un acampe frente a la sede de trabajo. Representantes de los denominados trabajadores de la economía popular protestaron por no ser parte de la discusión en la que, de alguna manera, se establece el monto del salario social que les otorga la ley de Emergencia Social sancionada en diciembre pasado.

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Esteban “Gringo” Castro, referente de CTEP, explicó a DIARIO POPULAR que la movilización que colapsó ayer el centro porteño se produjo porque esperaban "ser invitados a la mesa de negociación". Y agregó: "También reclamamos que suba el salario social de $4 mil a $6200. Por lo que se está comentando ahora no va a llegar ya que se calcula con la mitad del salario mínimo”.

Pese a que su agrupación tiene buen diálogo con el oficialismo, el dirigente amenazó: “Necesitamos elevar el monto para luchar contra la indigencia. O de lo contrario vamos a pelear en la calle como lo hicimos durante la movilización del 15 de marzo”.

Lo cierto es que las comisiones del Consejo comenzaron a sesionar desde bien temprano: primero de Productividad, luego Empleo, Formación Profesional, Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social, y por la tarde la más importante: la comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Comenzada la reunión, se realizó un homenaje al fallecido dirigente Gerónimo Venegas y luego Sergio Romero, de UDA, llevó su reclamo para que el estado nacional convoque a la paritaria nacional docente y destrabe los conflictos provinciales pendientes.

A la hora de las negociaciones, finalmente no hubo acuerdo. Los sindicatos pidieron llevar el mínimo a $14.060 “para cubrir la canasta básica de alimentos” que significaba un alza del 75%, lo que fue rechazado por el sector empresario, que ofreció 20,3% en tres cuotas.

“Quedaron muy lejos entonces el Ministerio elevó a través de un laudo una suba del 24% que lo eleva a $10 mil en tres cuotas y para trabajadores solteros, otra diferencia porque los gremios lo querían para convivientes”, explicó una fuente oficial consultada.

Los gremialistas cuestionaron que fue la primera vez desde 2004, cuando se volvió a reunir el Consejo del Salario Mínimo, que el Estado estableció un “laudo” y que la última cuota del incremento se terminará de pagar en julio de 2018.

Es que la cartera laboral resolvió elevar a través de este decreto “conciliador” -algunos sindicalistas advirtieron que no es imparcial ya que calcula el pago a las organizaciones sociales con la mitad del mínimo- un aumento del 24%. “Los montos serán actualizados en 3 tramos, $8860 a partir de julio, $9500 en enero y $10000 en julio”, precisa un comunicado oficial.

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”Nosotros no aceptamos ni el plazo ni el monto. Estamos teniendo problemas para alcanzar la canasta básica”, declaró anoche Juan Carlos Schmid. Lo cierto es que las críticas gremiales no prevén, por el momento, una nueva convocatoria a un paro nacional tal como pedían los más combativos representantes de las centrales sindicales estatales (CTA)

El miércoles, en la sede de la CGT, habrá reunión de comisión directiva para analizar las consecuencias del cónclave, del escenario pre-electoral y, según se pudo averiguar, no hay ánimo en los popes sindicales de convocar a una nueva protesta.

En este contexto, analistas advierten sobre el “fracaso” del sindicalismo en la búsqueda de algún protagonismo político-electoral de acuerdo al cierre de listas para las próximas elecciones, por lo que a partir del 10 de diciembre disminuirá la representación gremial en la Cámara de Diputados.

De los actuales 11 diputados de origen sindical que integran la Cámara Baja, cinco de ellos finalizan su mandato, y solo dos se presentarán para un nuevo período, con escasas posibilidades, destacó el informe elaborado por la Consultora Synopsis. En el gobierno han tomado nota que la interna del PJ no dio el lugar esperado por los jefes sindicales.

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