El Poder Ejecutivo publicó este jueves un decreto en el que modificó las facultades del organismo y, si bien no le prohibió estas actuaciones, el espíritu es que deje de participar como parte actuante.
La Unidad de Información Financiera (UIF) dejó de estar autorizada para ser querellante en casos de corrupción y lavado de activos, según dispuso el Gobierno nacional.
El Poder Ejecutivo publicó este jueves un decreto en el que modificó las facultades del organismo y, si bien no le prohibió estas actuaciones, el espíritu es que deje de participar como parte actuante.
“La UIF establecerá, en cada caso, de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 24 de la presente ley, las obligaciones dinerarias y no dinerarias a cumplir y su plazo de cumplimiento. La prescripción de la acción prevista en el artículo 24 bis de la presente ley quedará suspendida desde el momento en que se acceda al régimen y por el plazo de cumplimiento fijado. Si durante el plazo fijado por la UIF la persona que se acoge al presente régimen no comete un nuevo incumplimiento al artículo 21 de la presente ley, repara los daños en la medida establecida y cumple con las demás obligaciones que se le impongan, se extinguirá la acción para aplicar las sanciones previstas en el presente capítulo para el supuesto del incumplimiento investigado”, señala la norma.
El decreto también cambia la ley de inteligencia con relación a las competencias de la Agencia Federal de Ciberseguridad.
Por otro lado, la norma publicada este jueves le otorga a la UIF la facultad de intercambiar información con otros organismos cuando considere “que la información puede permitir a las autoridades receptoras enfocarse en casos o resultar relevante en la materia de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
La UIF ya contaba con la posibilidad de manejar información, pero ahora también se le agregó la opción de ser utilizada para “su análisis estratégico para identificar las tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
El cambio en la legislación que le pone límites a la UIF fue posible por los atributos que el Congreso le dio al Poder Ejecutivo a través de la Ley Bases y en el marco de la supuesta “emergencia pública administrativa, económica y financiera” en que se sustenta esa legislación.
Este no es el primer movimiento que realiza el Gobierno en la UIF durante el curso de este año. Anteriormente, Milei despidió a quién era el titular de este organismo, Ignacio Yacobucci, tras considerar que era proclive a ser querellante en algunas causas de corrupción en las que la administración del libertario tiene particular interés, tales como las de Hotesur-Los Sauces, la Causa Cuadernos y aquellas que están ligadas al sector afín a Cristina Fernández de Kirchner.
En consecuencia, fue nombrado a cargo del fiscal federal Paulo Starc conocido como uno de los rostros detrás del fracaso de la investigación del caso Pomar en 2009 y, además, exesposo de María Eugenia Talerico, quien fuera vicepresidenta de la propia UIF durante la presidencia de Mauricio Macri.
La disposición de que la UIF ya no podrá ser querellante en las causas que investiga se da en el singular momento en que la Justicia y el Congreso investigan la presunta participación del presidente Milei y algunos de sus funcionarios en la estafa con la criptomoneda $Libra.
Tanto el mercado de cripto como las estafas y lavados que surjan de ello es históricamente materia de investigación de la UIF.
El decreto 274/2025 también fue publicado luego de que la Corte Suprema le diera un inusual impulso a la causa Vialidad, en cuya primera instancia condenó a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión y su proscripción en la vida política nacional.