Política
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Las empresas constructoras van más allá de las leyes: levantan más pisos de los permitidos, ocupan más metros cuadrados de los habilitados. El gobierno de Martín Insaurralde no hace nada al respecto.
Las violaciones al código de edificación parecen ser moneda corriente en el municipio de Lomas de Zamora, donde las empresas constructoras se exceden en los metros cuadrados cubiertos o en la cantidad de pisos que podría tener un edificio según lo establecido por las normativas vigentes, mientras el gobierno que conduce Martín Insaurralde parece mirar para otro lado
Así lo ha denunciado en reiteradas oportunidades la Asociación Fuenteovejuna, una entidad preocupada por la preservación del patrimonio arquitectónico y ambiental del distrito, la saturación de las redes de los servicios públicos y por la falta de reacción de la administración municipal.
En pleno centro de la localidad de Temperley donde se había incendiado una precaria vivienda ahora avanza una construcción de seis pisos, cuando se permiten como máximo tres, y que será un edificio de 19 unidades funcionales aunque en el cartel dice "vivienda unifamiliar".
Otro ejemplo aportado por la fundación es la ampliación de un chalet en Hipólito Yrigoyen y Grigera, en uno de los barrios más residenciales de la localidad de Banfield y frente a la delegación municipal, donde se está ocupando 100 por ciento del lote, violando el código de edificación que permite ocupar un máximo del 60%.
"Este gobierno favoreció a los sectores privados, violando la normativa vigente, degradando la ciudad y sobrecargando las redes de servicios públicos", expresan desde la asociación, que denunció también el "desastre ambiental" generado por la gran cantidad de añosos árboles que se han podado o mutilado.
En pleno centro de la localidad de Temperley donde se había incendiado una precaria vivienda ahora avanza una construcción de seis pisos, cuando se permiten como máximo tres, y que será un edificio de 19 unidades funcionales aunque en el cartel dice "vivienda unifamiliar".
"Este gobierno favoreció a los sectores privados, violando la normativa vigente, degradando la ciudad y sobrecargando las redes de servicios públicos", expresan desde la asociación, que denunció también el "desastre ambiental" generado por la gran cantidad de añosos árboles que se han podado o mutilado.