La denuncia presentada por el diputado Rodolfo Tailhade contra el subresecretario General de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, recayó en el juzgado de Claudio Bonadio.
La presentación es "en orden a la posible comisión de los delitos de lavados de activos y omisión maliciosa". Los argumentos del legislador del Frente para la Victoria están basados en una investigación del diario "El País" de España. La misma sostenía que el funcionario del Gobierno poseía 1,2 millones de dólares en una cuenta de un banco de Andorra.
Según la ley, el delito tiene que ser reprimido con prisión de 3 a diez años de prisión. Además, una multa que puede alcanzar de dos a diez veces más el monto de la operación. En este caso, al tratarse de 1,2 millones la multa puede alcanzar los 10 millones de dólares.
A su vez, en la denuncia el diputado del Frente Para la Victoria explicó que el funcionario "habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante la antes los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad".
"La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus propias declaraciones, prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político”, remarcó en la denuncia el diputado.
En su defensa, en declaraciones a distintos medios, el funcionario cuestionado había dicho que “no hay fondos públicos involucrados” en la cuenta oculta a su nombre en un banco de Andorra.