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El oficialismo consiguió los votos necesarios y con seis afirmativos logró que el camarista sea apartado por mal desempeño de sus funciones. Entre otras causas, Freiler tenía a su cargo la de Hotesur.
El juez federal Eduardo Freiler, quien afrontó un jury por mal desempeño en sus funciones, fue destituido con el voto afirmativo de seis de los siete miembros del jurado y será apartado de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Durante las dos audiencias que se realizaron en el marco de este juicio político, los miembros del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli y Miguel Piedecasas repasaron las acusaciones que pesan sobre el magistrado: apuntaron principalmente a que no puede justificar parte de sus ingresos y a que mantuvo deudas con la AFIP.
“Esta construcción llena de falsedades ha llevado a las palabras del sector acusatorio, que se esfuerza en darle valor a la duda porque saben que no pueden sostener lo que dicen. Lo que está en juego acá no es sólo mi cargo, lo que está en juego es la posibilidad de que una mayoría circunstancial pueda poner al juez que quiera y someter al que desee a un juicio político”, sostuvo por su parte el suspendido camarista al exponer ante el jurado.
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Entre otras cosas, Freiler fue denunciado por haber comprado una casa de 600 metros cuadrados frente a la Quinta de Olivos que declaró por 2,8 millones de pesos, pero que según algunas pericias tiene “un valor fiscal de 5,3 millones”.
Además, el camarista no habría incluido entre sus bienes cinco cuatriciclos y un arenero que serían de su propiedad, así como tampoco una serie de terrenos que habría comprado en Costa Bonita, Necochea, pero que la defensa insiste en que fueron donados por su madre.
Por otra parte, el Consejo de la Magistratura asegura que, teniendo en cuenta sus ingresos como miembro de la Cámara Federal, el suspendido juez no puede justificar unos 16 millones de pesos de su patrimonio, así como tampoco el hecho de no tener gastos en combustible durante varios años, pese a tener ocho autos y tres embarcaciones. Además, pusieron en la mira una moto de agua que aparece en su declaración jurada por un valor de 15 mil pesos, monto correspondiente al costo de inscripción en el patrimonio, pero que la acusación sostienen que “pagó por ella los 158.400 pesos” que figuran en la boleta al momento de la adquisición del vehículo, que fue comprado por un tercero.