El ministro de Justicia porteño Gabino Tapia detalló que los destrozos incluyen "89 contenedores, 2 patrulleros, 4 motos, 89 contenedores de basura.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presentará como querellante en la causa y recusará a la jueza Karina Andrade por su decisión de liberar a los detenidos tras los incidentes ocurridos el miércoles en las inmediaciones del Congreso durante la marcha de jubilados e hinchas de fútbol.
El ministro de Justicia porteño Gabino Tapia, enfatizó que la magistrada "tiene una tendencia que va más acorde a lo que se conoce como el garantismo o estar a favor de aquel que comete una infracción o un ilícito y no de aquellos que cumplen la ley".
También describió los hechos como "una locura, un ataque a las instituciones y en particular también nosotros lo consideramos en la Ciudad un ataque a los porteños". Estimó que los daños ocasionados por la "organización delictiva que vinieron a hacer a las zonas aledañas al Congreso le costaron a la Ciudad y a todos los porteños más de 400 millones de pesos".
El ministro detalló que los destrozos incluyen "89 contenedores, 2 patrulleros, 4 motos, 89 contenedores de basura.
Se rompió la vía pública, el mobiliario urbano, locales comerciales de particulares". Y agregó: "No fue una manifestación, sino un ataque no solo a las instituciones federales, sino también a todos los porteños".
En relación a la decisión de la jueza Karina Andrade de liberar a los detenidos, Tapia expresó: "Estamos del lado de la ley y queremos terminar con este famoso garantismo y ‘puerta giratoria’ que tenemos también avalada en el Poder Judicial, un poder independiente que interpreta la norma siempre en favor del que la corrompe".
El ministro criticó el argumento de la jueza de garantizar el derecho constitucional a manifestarse, señalando que "eso no fue una manifestación, lo que ocurrió el otro día se trató de un acto de violencia coordinado obviamente por organizaciones que estaban detrás de esto".
También cuestionó los plazos procesales de la jueza, afirmando que "aceleró o no cumplió con plazos procesales que tenía la Fiscalía para imputar y para terminar de recopilar la prueba". Además, señaló que "el argumento que utiliza es preocupante: ¿Cómo vas a sostener que lo dejas en libertad en función de un derecho constitucional de manifestación o de protesta?".
Tapia concluyó afirmando que "vamos a ir a buscar a aquellas personas que cometieron estos desmanes y destrozos, no solo las personas físicas sino también aquellas organizaciones que pueden llegar a estar detrás de esto, ¿para qué? Para que sean responsables al menos del daño patrimonial que le causaron a la ciudad".
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