La Cámara de Diputados postergó hasta el martes 18 el debate del proyecto para agravar las penas a los barrabravas que cometan actos de violencia en los estadios de fútbol.
El proyecto también sanciona a los dirigentes que den entradas en forma gratuita, y establece que el derecho de admisión a los estadios lo realizará el Ministerio de Seguridad en lugar de los clubes, como sucedía hasta ahora.
La iniciativa se debatió en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Deportes, y se pasó a un cuarto intermedio por la falta de acuerdo, pero al avanzar anoche un consenso se decidió incorporar este tema a la sesión especial que comenzó alrededor de las 11.
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De hecho, el frente de conflictividad mayor para el gobierno lo tenía al interior de sus propias filas: según pudo saberse, un sector importante del bloque radical consideraba “oportunista” y “desprolijo” que entre gallos y medianoches la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hubiera enviado un texto lleno de baches e imprecisiones en la tipificación de los delitos, con penas desproporcionadas.
Como botón de muestra de ese “despropósito” marcaban que la venta de entradas falsificadas conllevaría la misma carga de prisión que un homicidio simple.
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