En el gobierno esperan que los pilotos acaten la conciliación obligatoria al paro tal como se comprometieron. Empero, en el nuevo ministerio de Trabajo y Producción no parece ser prioridad ir a fondo contra el gremio de Camioneros con las dos multas millonarias iniciadas por incumplir sendas conciliaciones -una metida en un berenjenal judicial y la segunda virtualmente paralizada- que habían sido impulsadas por el ex ministro Jorge Triaca cuando desde Casa Rosada se desplegaba una embestida contra Hugo Moyano al que acusaban de intentar extorsionar al presidente Mauricio Macri.
De acuerdo a fuentes oficiales y sindicales, la llegada al poder de Dante Sica abrió una suerte de distensión por lo que se ha desacelerado la implementación de estas sanciones contra el sindicato.
La primera multa fue iniciada por Trabajo con motivo del incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el día 26 de diciembre de 2017, que fue constatada por inspectores de la entonces cartera laboral. Era de $809.790.710, calculada por el 50% del salario mínimo por cada uno de sus 182.797 trabajadores afiliados, y fue impuesta por el ministerio en julio de este año, según lo establecido por la ley 25.212.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo avaló la multa, reconociendo de esta manera su calidad de autoridad de aplicación en el caso pero levantó el embargo de $300 millones contra el gremio y dispuso “recalcular” la sanción considerada sobre el 50% del salario mínimo pero sobre la nómina de trabajadores de los establecimientos inspeccionados. Esto es, debería resultar en un monto mucho menor. Desde Camioneros incluso detallan que la única acta labrada detectó a sólo 80 trabajadores protestando.
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Como Trabajo apeló la medida, se encuentra a la espera de una resolución de un tribunal superior. En el oficialismo sostienen que la justicia, de todos modos, avaló el cobro de la sanción.
También a fines de julio el gobierno, en plena tensión con el moyanismo, anunció la tramitación de un segundo procedimiento sancionatorio contra Camioneros por el incumplimiento de la conciliación obligatoria del 14 de junio pasado cuando el gremio y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) negociaban paritarias. En ese momento cerca de Triaca decían que la multa iba a ser superior a la de $800 millones por la “reiteración de los hechos”.
Empero, los tiempos políticos cambiaron y la salida del hijo del recordado sindicalista de los Plásticos generó una distensión con el moyanismo. De acuerdos a fuentes gubernamentales consultadas, recién el año próximo podría haber novedades judiciales aunque reconocen que “la aplicación de las multas hoy no son prioridad” para la gestión de Sica.
Algo parecido percibe el abogado de Camioneros, Rodrigo Cóndori, que sostuvo que el devenir judicial de la primera multa será resuelto por la “Corte Suprema así que puede estar años sin que se trate” y, en este sentido, indicó que “la salida de Triaca pareciera que enfrió el conflicto: hemos tenido algunas señales como la homologación rápida de la paritaria del 40%, un procedimiento que antes demoraba mucho más, y el proceso de la segunda multa está sin movimiento ya que le hemos pedido a Sica que confirme si va a tomar la decisión o no de tramitarlo y no hay definición”.
En el oficialismo sostienen que deben esperar la resolución judicial sobre el primer proceso para luego avanzar con el otro. Lo que es evidente que la embestida contra Moyano percibida en el primer semestre se ha desacelerado lo mismo que ha ocurrido con la lupa oficial hacia la postal Oca, endeudada con la Afip y vinculada al camionero, a la que aún la justicia no le ha declarado la quiebra y sigue funcionando con un permiso provisorio de la Enacom.
Cóndori remarcó a este diario que no hubo comunicaciones entre Moyano y Sica y que Camioneros continúa “en la misma postura de defender a los trabajadores y cuando el gobierno haga algo en contra de sus intereses, lo saldremos a denunciar”.
Por otra parte, Producción y Trabajo dio por iniciado un período de conciliación obligatoria, que entrará en vigencia este 13 de diciembre por el plazo de 15 días, para los conflictos suscitados con los trabajadores nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA). “La Secretaría de Trabajo, en cumplimiento de la normativa vigente, fiscalizará el acatamiento de la misma”, avisó un comunicado. Por la tarde los pilotos decidieran acatar la demanda, por lo que el ministerio no debería iniciar otro proceso de multa. Es que hoy la postura oficial contra los aeronáuticos sí se ha endurecido.