El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de cuestionar a través de sus redes sociales el fallo emitido durante la madrugada del jueves, tras asegurar que la justicia “de la puerta giratoria” es “responsable directa de la inseguridad en la Argentina”.

El Gobierno Nacional criticó la decisión de la jueza porteña Karina Giselle Andrade de liberar a los 114 detenidos por los efectivos de seguridad durante la protesta de los jubilados que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso, donde se registraron episodios de violencia.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de cuestionar a través de sus redes sociales el fallo emitido durante la madrugada del jueves, tras asegurar que la justicia “de la puerta giratoria” es “responsable directa de la inseguridad en la Argentina”.

“La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad”, sostuvo el funcionario desde su cuenta de X.

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En la misma línea, amplió: “La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”.

Otro de los que hizo eco del suceso fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo que debiera haber investigado “quién envió a esos barras a sembrar el caos” y acusó a Andrade de “liberarlos en menos de 8 horas”.

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“Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía. No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad”, planteó el funcionario.

Por su parte, retrucó: “Sin embargo, la jueza de la Ciudad Karina Andrade, en lugar de investigar quien envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas. Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”.

El primero en manifestarse al respecto fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al reclamar que “debiera funcionar la aplicación de la ley con más dureza”. “Si se detienen 130 o 140 personas y en pocas horas una jueza dice que como estaban defendiendo derechos, no se puede fijar la flagrancia si no se vulnerarían derechos”, aseveró.

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"Si se entiende la ley de esa manera es muy difícil combatir la violencia de sectores extremos porque en definitiva la Justicia los libera”, planteó, aunque sin hacer mención de la magistrada.

Durante la protesta que tuvo lugar el pasado miércoles en el centro porteño, la Policía de la Ciudad detuvo a 94 personas, que fueron liberadas en horas de la madrugada. De esta forma, 71 hombres y 23 mujeres se encuentran en libertad tras 24 horas de detención.

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