El gobierno define el destino de miles de empleados estatales

Según se explicó, esos contratos (muchos de los cuales tras sucesivas renovaciones registran una antigüedad de más de una década), vencían a fin del año pasado pero fueron prorrogados por tres meses para su revisión.
Se estima que a fines de marzo se tendrá una evaluación que permitirá determinar medidas con respecto a la permanencia de esos agentes, entre las que se contempla la reubicación, recategorización y recalificación de los empleados.
Mientras tanto, los gremios estatales están soliviantados por los 14.000 agentes de todos los niveles (nación, provincia y municipios) que fueron colocados en situación de cesantía. Algunos agentes ya fueron echados mientras que en otros casos se negocia su continuidad o se ha dado marcha atrás con los despidos, como ocurrió en la municipalidad de La Plata.
Con respecto a los 64 mil contratados, una fuente del ministerio de Modernización explicó a este diario que desde el 1 de enero se evalúa su situación para establecer en qué casos corresponde la renovación y en cuáles no. Del mismo modo, se analizan uno por uno los 11 mil concursos que -incluso desde 2003- están sin resolver generando situaciones de injusticia y arbitrariedad.
Las fuentes consultadas dijeron que el proceso de evaluación comenzó desde adelante hacia atrás y llegará hasta 2003, año de inicio del ciclo kirchnerista. "La revisión arranca desde 2015 para atrás porque fue en los últimos tres años que se produjo el 60 por ciento de esta modalidad de contratación", explicó la fuente que pidió reserva de su identidad.
Según se explicó, en el último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner se nombraron bajo la modalidad de contrato a tiempo parcial unos 24 mil agentes, principalmente por convenios con universidades públicas y por el artículo 9 de la ley de empleo público que autoriza estas contrataciones de forma excepcional.
Según las cifras difundidas por el ministerio de Ibarra, hasta 2012 había 40.500 contratados, cifra que a partir de ese año se disparó hasta llegar a los 64 mil contratados actuales.
El propósito del ministerio de Modernización es evaluar todos los contratos desde 2003 en adelante para saber cuáles son los empleados que trabajan y qué función cumplen.
El análisis de cada caso se hace en función de los parámetros de asistencia y funcionalidad. Sin embargo, las fuentes advirtieron que se encontraron con mucha informalidad en los registros de asistencia de los empleados por lo que la tarea se hace complicada.
La evaluación del desempeño es llevada a cabo por funcionarios que trabajaron en el gobierno porteño en la misma área. "El objetivo es mantener los contratos de la gente que trabaja y reencasillar funcionalmente a aquellos que tienen un perfil que no se acomoda con el cargo que ocupan", señalaron.
"Por supuesto que a los ñoquis no se les renovarán los contratos, pero la mayoría de los que estaban en esa situación ya se fueron sin hacer ruido", agregó la fuente.
Los técnicos de Modernización aseguran que no vinieron a echar gente sino a mejorar la eficiencia de los empleados por cuya tarea el estado paga mucho dinero.
"Nos hemos encontrado con una amplia gama de casos, desde gente que no trabaja, hasta estructuras llenas de investigadores que no se sabe para qué están en ese lugar o gente que tiene una calificación profesional que no es adecuada a la función que cumple", dijo la fuente.
En esos casos se producirá un reencasillamiento, palabra que en realidad significa la reubicación de los agentes.
Otro tema es el de los concursos -mecanismo previsto por las ley para el acceso y la promoción de los empleados públicos- que desde el año 2003 permanecen abiertos sin resolverse a favor o en contra.
"Esto ha generado una multitud de casos de empleados que postularon para un ascenso o una promoción y que en 12 años no han logrado un pronunciamiento de la Administración. Esos mismos agentes ven que por la ventana han entrado muchos que se colocaron por encima ganando sueldos más importantes", señaló la fuente consultada.