El Gobierno denunció al sindicato aeronáutico por secuestro de pasajeros

La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en el Juzgado 11, a cargo del juez Julián Ercollini. Es contra miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y de la firma Intercargo S.A.U. por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo.

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"Hay personas de rehén, con ataques de pánico y descompuestas, familias que estuvieron encerradas durante horas por culpa del delirio terrorista sindical. Un terrorismo sindical que para evitar perder privilegios busca poner en jaque el sistema aerocomercial de la Argentina", sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni en una declaración a la prensa en Casa Rosada.

Y agregó: "El Gobierno va a ir a la Justicia para denunciar abandono de personas, intimidación pública y bloqueo. El que las hace, las paga".

Previamente, Adorni había señalado que la Policía de Seguridad Aeroportuaria "está actuando para rescatar a aproximadamente 1.500 pasajeros que fueron secuestrados por empleados de Intercargo en 10 aviones de Jet Smart y Flybondi, con refuerzos de Gendarmería y Prefectura para dar apoyo".

El personal técnico aeronáutico de Aerolíneas Argentinas, en contra de las medidas de fuerza

La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) salió a despegarse mediante una publicación en la red social X, del accionar de los gremios de pilotos y tripulantes de cabina que vienen llevando adelante medidas de fuerza contra Aerolíneas Argentinas.

“Todas las medidas de fuerza gremiales implementadas para conseguir un aumento salarial justificado y necesario en Aerolíneas Argentinas no lograron obtener ni un peso más que el dispuesto por el gobierno nacional”, dice el comunicado del sindicato.

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“En cambio –agrega- generaron un descontento generalizado entre los pasajeros y la sociedad, otorgándole al gobierno legitimidad social para: reactivar la privatización de Aerolíneas Argentinas; declarar como servicio esencial la actividad aeronáutica civil y comercial; desregular el servicio de rampa, en perjuicio de Intercargo; habilitar a pilotos, tripulaciones y aeronaves extranjeras para operar vuelos de cabotaje y despedir pilotos y trabajadores de Intercargo”.

Apuntaron que “el último y gravísimo perjuicio para nuestra línea aérea de bandera fue la falta de pilotos habilitados para el Airbus 330, debido a que no rindieron sus exámenes en simuladores a causa de nuevos paros”, según publica el sitio especializado Aviacionline.

“Esto –dijeron- obligó a la empresa a utilizar aviones B737MAX de un solo pasillo, diseñados para rutas regionales, en vuelos a Miami, lo que implica hacer una escala y extender la duración del viaje en dos horas. Además, se debieron cancelar vuelos a Cancún, Madrid, Roma y Miami, deteriorando la calidad del servicio y generando rechazo y descrédito entre los usuarios”.

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Señalaron que “para diciembre, los pilotos han anunciado que no están aseguradas las operaciones de vuelo, lo que podría llevar a un cese de actividades en la empresa. Pérdidas para trabajadores, trabajadoras y para Aerolíneas Argentinas sin ningún logro salarial”.

“Por el contrario, estas medidas han beneficiado los planes del gobierno para Aerolíneas y la actividad aerocomercial nacional. Nunca habrían avanzado tanto en tan poco tiempo sin tantas medidas de fuerza”, remarcaron.

"Es insensato e injustificado suponer que seguir haciendo lo mismo puede dar resultados diferentes. Es ignorar la realidad o ser el topo que elimine a Aerolíneas Argentinas desde adentro, evitándole al gobierno el costo de lo que tanto anhela hacer”, insistieron.

Agregaron que “APTA estuvo y está en total desacuerdo con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Privatizarla es entregarla nuevamente a empresas extranjeras, interesadas solo en sus activos y mercados. La vaciarán, llevarán a la quiebra, o la absorberán y harán desaparecer”.