El Gobierno intervino la empresa Corredores Viales

Asimismo, las autoridades explicaron que el proceso de reorganización al que será sometida la compañía será el paso intermedio hacia la privatización de la misma.

La medida fue oficializada a partir de la publicación del decreto 244/2025 en el Boletín Oficial. El proceso será por tiempo indefinido, según fue establecido en el artículo 6° de la Ley N.º 27.742, conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

De esta manera, se estableció que la empresa, que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, pasará a estar a cargo de la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem. La funcionaria tendrá las facultades que el estatuto le otorga al Directorio y a su presidente, además de las atribuciones específicas enumeradas en el documento oficial.

Entre las tareas asignadas, Adem deberá realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención, evaluar el estado financiero y operativo de la compañía, presentar la rendición de cuentas y elaborar un plan de acción para su reformulación, el cual podrá incluir la modificación del estatuto y deberá ser presentado al Ministerio de Economía para ser revisado y, finalmente, aprobado.

También se le encomendó revisar la administración de compras y contrataciones, disponer una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales, y operar y mantener la sociedad durante el período de transición previo a su disolución y liquidación. El decreto le otorga, además, facultades exclusivas de representación de la sociedad, así como la posibilidad de designar y remover personal.

Las autoridades subrayaron que la interventora tendrá la responsabilidad de comunicar a la cartera económica sobre la existencia de irregularidades. “Deberá informar al Ministerio de Economía, con precisión, su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado”, indicaron en el texto, a la vez que remarcaron que deberá presentar el total de la información y/o documentación junto a las acciones y medidas propuestas para corregir la situación.

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La intervención de Corredores Viales S.A. genera una puja entre Luis Caputo y Eduardo Menem, quienes representan diferentes facciones dentro del Gobierno. Mientras que Caputo ha sido hasta ahora el responsable de la empresa, la designación de Adem, una funcionaria cercana a Menem, marca un cambio en la dirección y enfoque de la gestión.

Esta situación pone de manifiesto las tensiones internas dentro del Gobierno y la lucha por el control de una empresa estratégica para el desarrollo de la infraestructura vial del país. La intervención y el proceso de privatización que se avecina serán un campo de batalla donde se dirimirán intereses y visiones opuestas sobre el futuro de Corredores Viales S.A.

Corredores Viales S.A. fue constituida en el ámbito del entonces Ministerio de Transporte, con el objetivo de gestionar la construcción, mejora, mantenimiento y explotación de diversos corredores viales nacionales. La empresa, que cuenta con un capital social mayoritariamente estatal, ha sido objeto de múltiples decretos y leyes que han moldeado su estructura y funciones a lo largo de los años.

Corredores Viales SA fue creada en octubre de 2017, durante la administración macrista, por iniciativa del entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Tenía como objetivo inicial hacerse cargo de la estatización del acceso Riccheri-Ezeiza-Cañuelas que estaba en manos de un consorcio liderado por el empresario kirchnerista Cristóbal López.

Pese a las promesas de disolución de quienes conformaban los equipos técnicos y de especialistas viales del Frente de Todos durante la campaña electoral de 2019, la administración de Alberto Fernández mantuvo en pie a Corredores Viales y la convirtió en una operadora clave del negocio de los peajes.

Bajo la figura de una sociedad anónima que tiene como accionistas al Estado (51%) y a Vialidad (49%), la empresa se hizo cargo de las concesiones de rutas nacionales que venían de la época menemista y de los PPP viales heredados de la gestión de Mauricio Macri.

En el segundo semestre del año pasado, la empresa quedó en la lista de las empresas a privatizar incluidas en la "Ley Bases", junto con Intercargo, AySA, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE), Enarsa, Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).