El Gobierno redobla la apuesta contra intendentes/ Por Candelaria de la Sota

“Hoy el Presidente Milei me pidió que cerráramos las sucursales del Banco Nación de aquellos municipios que insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas, que además esconden en servicios nacionales”, escribió Caputo en su cuenta de la red social X.

“Ya he hablado con el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, quién será el encargado de llevar adelante esta medida. Estamos todos los argentinos haciendo un esfuerzo enorme por sacar al país adelante, pero hay todavía una buena parte de la política que quiere aferrarse al modelo de “privilegios para pocos y pobreza para muchos” de los últimos 20 años. El pueblo argentino votó un cambio, y es nuestro deber cumplir con su mandato”, agregó.

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La Justicia interviene en el enfrentamiento de Milei con intendentes

No es la primera vez que el gobierno nacional embiste contra las alícuotas municipales que los distintos intendentes aplican de manera autónoma. La primera parte de la pelea fue una resolución del Ministerio de Economía que prohíbe a los municipios incluir el cobro de tasas locales en las boletas de los servicios de agua, gas y electricidad. Esa decisión abrió un duro frente con algunos municipios opositores que no dudaron en presentar recursos judiciales en contra. Tal es el caso de los intendentes Julio Zamora (Tigre), Federico Achával (Pilar) y Mariel Fernández (Moreno) quienes consiguieron un dictamen que les permite mantener el cobro de tasas inalterable.

Por su parte, el Gobierno oficializó este martes la decisión de dar de baja las tasas municipales en las facturas de Edenor y Edesur y lo publicó en el Boletín Oficial. Hasta entonces, las distribuidoras podían cobrar servicios adicionales, como las cuotas de seguros de vida o créditos personales.

Todo esto ocurrió luego de que la Secretaría de Comercio cumpliera con el pedido de Caputo, y publicara la resolución 267/2024, que busca limitar el cobro de “cargos ajenos a la naturaleza del servicio” que se está facturando, lo que alcanzó desde las tasas viales que cobran algunos municipios en las estaciones de servicio, hasta las “ecotasas” que cobran los hoteles en zonas turísticas. Ahora le llegó el turno a las tasas municipales que afectan a los servicios financieros.

El caso de La Pampa

El caso de La Pampa lo ilustra con claridad. El gobierno provincial dispuso aumentar de 7,5% a 15,5% la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos que grava a los créditos familiares y a las pequeñas y medianas empresas (pymes). La respuesta del Gobierno nacional fue que cerrarían 9 de las 14 sucursales que el Banco Nación tiene en La Pampa debido al incremento de costos que esto generaba. Finalmente, la provincia dio marcha atrás con la decisión y el gobernador Sergio Ziliotto dispuso que el aumento se aplicará solamente al Banco de La Pampa, del estado provincial, que pagará un 20% de alícuota.

Algo parecido podría ocurrir con la localidad cordobesa de General Deheza, donde el Banco Nación ya obtuvo una medida cautelar del juez federal de Río Cuarto, Jorge Pinto, para rechazar por inconstitucional el pago de tasas fijadas por el municipio que conduce el vecinalista Eduardo Pizzi, cercano al gobernador cordobés Martín Llaryora. Desde el Banco Nación aseguran que la tasa municipal que debía pagar superaba la cifra de 1 millón de dólares solamente en un mes. Por ese motivo, la sucursal gastaba más en cumplir con la tasa local que en los salarios del personal.

Una nueva batalla se ha instalado entre el gobierno nacional y las provincias o intendencias que osen aplicar tasas “abusivas”. Y el ministro Caputo parece ser el general designado para dar esta batalla. Continuará.