El Poder Ejecutivo decidió qué la Sindicatura General de la Nación lleve adelante el control de gastos de las casas de altos estudios. Mientras tanto, siguen las tomas de edificios.

El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, en medio del conflicto por la toma de las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país.

El funcionario informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, informaron fuentes oficiales.

Hasta el momento, la tarea solamente podía ser realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), un cuerpo que responde al Congreso, no al Poder Ejecutivo, y que está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante la administración de Alberto Fernández.

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“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”, señala el Dictamen de Barra

Para el funcionario nacional, “el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.

Para Barra, “de modo alguno podría interpretarse que el marco normativo veda a la SIGEN a ejercer el control interno”, ya que el hecho de que la Ley de Educación Superior prevea expresamente que todas las universidades “deben generar mecanismos de auditoría interna”, no implica que el organismo no pueda cumplir también ese rol.

“Ello no solo no surge de la norma, sino que tampoco sería incompatible uno y otro control, que se encuentran presentes –ambos– en la mayoría de los entes descentralizados o autárquicos”, remarcó el procurador del Tesoro.

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Policías armados ingresaron ilegalmente a la UNPA de Caleta Olivia

En un contexto en el que estudiantes y docentes de todo el país realizan protestas en repudio del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, en la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) se realizó este lunes una nueva asamblea en la que se decidió tomar las instalaciones por 48 horas.

En ese marco, hubo momentos de tensión cuando, por la noche, un grupo de efectivos policiales armados ingresaron en la sede estudiantil con la intención de identificar a los estudiantes que se encontraban reclamando.

Los estudiantes y docentes recordaron que sin una orden de un juez, policías de la fuerza de seguridad provincial no tienen injerencia en universidades nacionales. Otra de las medidas tomadas en la asamblea de la UNPA de Caleta Olivia fue declarar al diputado nacional José Luis Garrido “persona no grata” debido a que votó a favor del veto a la ley de financiamiento universitario.

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Por su parte, estudiantes y profesores de universidades públicas redoblaron el martes la apuesta al gobierno de Javier Milei en su reclamo para que mejore el presupuesto y los salarios universitarios con la ocupación de las casas de estudio y la celebración de clases públicas en las calles.

Grupos de estudiantes mantienen tomadas o realizan otro tipo de protestas en decenas de facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y de otras casas de estudio luego de votar la medida en asambleas celebradas la víspera. Profesores y estudiantes instalaron pizarrones y sillas en la vía pública y celebraron así las clases.

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