El ministro del área, Germán Garavano, mantuvo un encuentro con magistrados y no descartan un boicot a la cena de fin de año de la Asociación que nuclea a los jueces de la Nación

El fallo de la Corte Suprema que habilitó el cobro del impuesto a las Ganancias a empleados y funcionarios judiciales designados luego del 1º de enero de 2017 ya generó fuertes tensiones en el Poder Judicial: un encuentro de magistrados con el ministro de Justicia, Germán Garavano, el resquebrajamiento de la relación entre los jueces y la inminente cena de fin de año de la Asociación de Magistrados para la que una facción planea un boicot.

El fallo de la Corte Suprema generó preocupación y tensión entre el Poder Ejecutivo y los jueces así como una grieta entre los magistrados, algunos de los cuales entienden que la Asociación que los agrupa los entregó sin haber dado pelea suficiente para frenar la medida.

Esta semana el ministro Garavano mantuvo un encuentro con la presidenta de la Asociación de Magistrados, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, y la vicepresidenta Fátima Nicastro, entre otros jueces, quienes son de la tradicional Lista Bordó de la entidad que los agrupa.

La intención de ambos sectores es consensuar la implementación del impuesto antes de la regularización de la ley. Esta semana circularon en Tribunales recibos de aquellos empleados y funcionarios que ya venían pagando ganancias al no estar alcanzados por la cautelar: allí figuraba lo que les descontarán a partir de ahora a todos los alcanzados por el fallo de la Corte.

Uno de los casos es un funcionario que cobra poco más de 200 mil pesos y por el impuesto a las ganancias le retienen 70 mil, en tanto que en otro caso en que cobra en bruto 292 mil pesos la retención del impuesto a las ganancias es de 104 mil pesos.

En el encuentro entre jueces y Garavano se intentó acordar que pagarán ganancias todos aquellos secretarios que asciendan a jueces, no así quienes ya teniendo la condición de magistrados asciendan en el Poder Judicial, y los empleados con categoría de prosecretario en adelante que hayan sido designados después del 1 de enero de 2017, que es cuando empieza a regir la norma.

Entre los empleados sólo pagan aquellos que alcancen esa categoría hacia arriba desde el 1º de enero de 2017, y aseguran que fue un guiño del Poder Ejecutivo hacia el gremio de los judiciales para alivianar el conflicto que reina desde hace semanas en los Tribunales y que se acrecentó aún más estos últimos días.

A raíz de la cautelar que revocó que la Corte es que también se les descontará a aquellos que no tributaron durante todos estos meses y se les armará un plan de pago de 48 cuotas con un interés sobre saldo del 3 por ciento mensual.

El cobro del impuesto ya generó un quiebre entre los jueces, a tal punto que muchos mostraron su bronca y desencanto para con la Asociación de Magistrados que encabezó las negociaciones, pues entienden que sus autoridades no dejaron todo para frenar la medida, que se los entregó sin dar batalla.

En la Asociación algunos aseguraron que se intentó todo y que la presión política pudo más: todos reconocen que los más afectados son aquellos secretarios que ascienden a jueces después de enero de 2017, ya que convenía resignar el cargo en función de no tener una merma en el salario.

En tanto, el próximo 13 de diciembre la Asociación de Magistrados realizará la cena de fin de año en el Hotel Alvear, y la Lista Celeste planifica como método de protesta pegar el faltazo: aseguran que no hay nada que festejar en ese encuentro, al que fue invitado Garavano pero aún no confirmó su asistencia.

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