Los senadores Juan Carlos Romero (Salta) y Carlos Espínola (Corrientes) aspiran a reducir de ocho -como es actualmente- a cuatro años.

El Senado busca modificar el mandato de los auditores generales que son elegidos por el Congreso para integrar la Auditoría General de la Nación, en medio de la parálisis que atraviesa el organismo que preside el peronista Juan Manuel Olmos.

Los senadores Juan Carlos Romero (Salta) y Carlos Espínola (Corrientes) aspiran a reducir de ocho -como es actualmente- a cuatro años. La acción propone modificar el artículo 121 de la Ley 24.156.

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La AGN está compuesta por siete auditores: seis son designados por el Poder Legislativo, tres por la Cámara alta y tres por la Cámara baja; mientras que el séptimo es elegido por el partido político que presenta la mayoría de los legisladores.

Desde el 31 de marzo pasado, la AGN está paralizada en su cúpula a raíz del vencimiento de los mandatos de los auditores designados por el Senado. Es decir, venía funcionando con esos tres porque los de Diputados vencieron y no fueron renovados.

Es por esa razón que, desde abril de 2024, la institución controladora de las cuentas públicas funcionaba con cuatro de sus siete miembros por una disputad entre la Libertad Avanza, PRO y la UCR.

Al caducar los mandatos de los auditores del Senado, que eran Graciela de La Rosa, Alejandro Nieva, y Javier Fernández, Olmos absorbió de manera automática las facultades para continuar al frente y darle continuidad a los trabajos de la AGN.

El conflicto

En la última reunión de la Comisión Revisora de Cuenta, su presidente, Miguel Angel Pichetto, informó que se le solicitó a los presidentes de ambas cámaras "sobre la necesidad de que convoquen a los presidentes de los bloques para definir a sus representantes”.

La situación planteada genera malestar entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas en especial en la Cámara de Diputados, donde desde hace un año siguen sin poder resolver la designación de los reemplazantes de los auditores Juan Forlón y Gabriel Mihura Estrada.

La controversia en Diputados inició cuando la Libertad Avanza reclamó un lugar para Santiago Viola; deseo que se replicó en la UCR y el PRO. El peronismo tenía asegurado un lugar, pero aspiraba a mantener dos.

Fuentes de la UCR señalaron a Noticias Argentinas que la responsabilidad es del kirchernismo que se negó a votar las propuestas que le habían formulado para votar a su candidato, Mario Negri, y un tercero para su juicio que debía dividirse entre el PRO y la LLA.

Esta postura es rechazada por el PRO y la Libertad Avanza que querían un lugar para cada uno. De acuerdo a la versión de la UCR, Karina Banfi le pidió a kirchnerismo que pase el nombre de la vacante que le corresponde.

El tema es que con la división de la UCR parece complicado que ese lugar lo pueda mantener la bancada radical ya que el peronismo tiene 98 bancas, la Libertad Avanza 40, el PRO 41 -tras el último movimientos de piezas- y la UCR solo 20, dado que se ha dividido en tres sectores.

Tampoco aún estaba la fecha en el Senado para votar a los tres auditores. El peronismo reclama los dos lugares que tiene, la UCR quiere otro para Luis Naidenoff, en reemplazo de Nieva, y el oficialismo también quiere uno, pero para eso el kirchnerismo o la UCR deben ceder un lugar.

Mientras el oficialismo y la oposición no se ponen de acuerdo como definir la integración de la Auditoria General de la Nación, creada en 1992, se comenzaron a conocer algunas propuestas para ampliar la conformación de ese organismo de control de las cuentas públicas.

Además hay un proyecto de resolución del senador Juan Carlos Romero para que rechazar las auditorias privadas de control sobre las empresas públicas, que se puso a consideración en la última reunión bicameral de la Comisión Revisora.

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