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Fue promulgada este jueves por el Gobierno nacional, luego de que el Congreso la aprobara el 8 de noviembre pasado. Protege a las comunidades indígenas originarias en materia de posesión y propiedad de las tierras.
El Gobierno promulgó la ley que prorrogó hasta el 23 de noviembre de 2021 la 26.160 de emergencia territorial indígena. La norma dispuso la extensión de las disposiciones de otra ley sancionada en 2006 y declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de cuatro años”.
Además, dispone suspender “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas”. “La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”, señaló la normativa.
Por otra parte, el texto contempla la creación de un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas, que también fue prorrogado.
¿Qué es la ley 26.160?
Fue impulsada por la entonces senadora Alicia Kirchner. Declara la emergencia por el término de cuatro años en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, suspendiendo todo proceso tendiente a desalojarlas, y ordena la realización de un Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras actualmente ocupadas por ellas, que debía realizarse en un plazo de tres años. Para tal fin, se creó un fondo de 30 millones de pesos (10 millones por cada año que se suponía iba a durar el relevamiento) a los efectos de la aplicación de la ley, y se estableció que sería el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) el responsable de todo el proceso.
El INAI debía ejecutar el programa de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas (RETECI), promoviendo la asistencia del Consejo de Participación Indígena (CPI), universidades, entidades del Estado nacional y provincial, institutos indígenas y ONGs. Los objetivos del programa RETECI eran: formar conciencia social acerca de los alcances de la ley, relevar la organización comunitaria y los aspectos socio-productivos; verificar la ocupación actual, dar cuenta de los antecedentes sobre tenencia de la tierra y ocupación de los predios; relevar los territorios con GPS y volcarlos en un soporte SIG (Sistema Jaguar).
A fines de 2009, como los plazos no habían sido cumplidos, una nueva ley, la 26.554, prorrogó la suspensión de desalojos y la realización del relevamiento hasta el 23 de noviembre de 2013, y destinó 10 millones de pesos adicionales por cada uno de los tres años posteriores a su sanción. En 2013, con la sanción de la ley 26.894 se determinó que la norma operará hasta noviembre de 2017.
A principios de noviembre de este año, la Cámara de Diputados convirtió en ley por unanimidad, con 215 votos, el proyecto que prorroga por otros cuatro años la 26.160.