El oficialismo estimó ayer que el proceso para reemplazar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, llevará “de dos a cuatro meses”, aunque primero avanzará con la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal.
Si bien la renuncia de Gils Carbó se hará efectiva a partir del 31 de diciembre, el Poder Ejecutivo, que debe enviar el pliego de su reemplazante al Senado, puede activar el trámite con anterioridad a esa fecha.
No obstante, el ministro de Justicia, Germán Garavano, adelantó en declaraciones a radio Mitre que la selección del nuevo jefe de los fiscales “es un proceso que va a durar entre dos y cuatro meses”.
“Es un proceso que es igual que el de un ministro de la Corte: una vez que se elige el candidato, se van a publicar los antecedentes, eso abre un período de acompañamientos o impugnaciones, y su aprobación se tiene que dar con los dos tercios” del Senado, precisó Garavano.
Al respecto, el funcionario nacional indicó que “va a haber una negociación” con la oposición en la Cámara alta para conseguir los votos necesarios para la aprobación del pliego del postulante, dado que el oficialismo no llega por si solo a la mayoría de dos tercios.
En tanto, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, sostuvo que “es posible tener un nuevo procurador inmediatamente después del 31 de diciembre”, aunque aclaró que primero se debe aprobar una nueva Ley del Ministerio Público Fiscal.
“Hasta el 31 de diciembre tenemos tiempo de cambiar la ley de los fiscales, una ley que había hecho el kirchnerismo antes de irse”, señaló Pinedo en diálogo con radio Continental, en referencia a la Ley 27.148.
Semanas atrás, el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials declaró la inconstitucionalidad del artículo de esa ley que prevé el mecanismo del juicio político como única forma de remoción del procurador general.
Ante ello, Cambiemos decidió volver a la carga con el proyecto que tiene presentado en la Cámara de Diputados para modificar esa ley a fin de establecer otro mecanismo de remoción y de limitar el mandato del procurador.
Pinedo sostuvo que se requiere que el próximo jefe de los fiscales sea “alguien intachable” y que el presidente Mauricio Macri apuntará a “poner a alguien profesional, que cumpla con su deber”.
El proceso para elegir al procurador general de la Nación establecido en el reglamento del Senado indica que una vez remitida la propuesta por parte del Poder Ejecutivo a la Cámara alta, la Secretaría Parlamentaria deberá darla a conocer mediante su publicación “en el sitio Internet del Senado, en el Boletín Oficial y en los dos diarios de mayor circulación del país, durante dos días, con una antelación no menor de quince días corridos de la fecha de celebración de la audiencia pública”.
Así lo establece el reglamento del Senado, que además indica que la Comisión de Acuerdos debe abrir un registro a fin de poder, también a lo largo de quince días, “recepcionar las observaciones que cualquier persona quiera formular respecto de las calidades y méritos” del aspirante, las que luego le serán transmitidas para que las conteste “y agregue las pruebas que estime conducentes”.
Tras la audiencia pública, en la que el candidato podrá responder a las impugnaciones presentadas, la Comisión de Acuerdos “debe producir dictamen fundado, a la mayor brevedad posible, aconsejando hacer lugar o rechazar el pedido de acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo”, el que será luego sometido a votación.
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