Política |
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La Justicia desestimó la denuncia contra el diputado Fernando Iglesias por interrumpir al presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del Congreso.
Una denuncia penal contra el diputado nacional Fernando Iglesias, por interrumpir al presidente Alberto Fernández durante el discurso de apertura de las Sesiones Legislativas ordinarias el 1 de marzo último, fue desestimada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
La acción penal fue promovida por el abogado Antonio Liurgo, quien pidió que se investigara si Iglesias estuvo incurso en lo establecido por el artículo 241 del Código Penal, que castiga a quien “perturbare el orden de las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales” o “impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de su función”.
Según el letrado, “ante las expresiones en altísima voz del Diputado Iglesias, el primer mandatario se vio obligado a interrumpir su discurso y responder a la perturbada actitud del representante del Pueblo, quien reclamaba entre varias cuestiones con irrespetuosidad la falta de conocimiento del Derecho del Presidente”.
Martínez de Giorgi, en coincidencia con la fiscal federal Paloma Ochoa, y tras evaluar la versión taquigráfica registrada el 1 de marzo, se pronunció por la desestimación de la acción penal contra Iglesias, quien durante el discurso se sentó de espaldas al presidente.
"Es un honor que me insulte, eh" le dijo en esa ocasión Fernández al legislador, y luego en una segunda ocasión, le refirió: “Insúlteme, es un enorme honor. Me enorgullece. Sigo. Voy a seguir, por respeto al resto de los diputados”.
El juez afirmó que “las acciones atribuidas al diputado Iglesias no reúnen las condiciones para provocar el impedimento u obstaculización del normal funcionamiento del acto legislativo, de modo que pueda encuadrar en los términos del artículo 241 inciso 1 del Código Penal”.
La norma dice que “será reprimido con prisión de quince días a seis meses el que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o donde quiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones”.