Una fiscal general rechazó un acuerdo entre el estado nacional y una empresa de Franco Macri por la deuda de la quiebra del Correo Argentino, al dictaminar que el mismo implicaría una “condonación” del 98% de la deuda, que resultaría ‘abusiva’ para los intereses nacionales y que podría originar un conflicto de intereses dado que sería un funcionario del Ejecutivo el que aceptaría una oferta beneficiosa para los familiares del presidente.
Desde el gobierno nacional, en tanto, descartaron que haya un conflicto de intereses, que lo que se conoció ayer “fue la opinión de una fiscal” y que el acuerdo citado se produjo en audiencia pública. “El conflicto lleva 15 años y hay 600 acreedores esperando que se solucione”, sostuvo un vocero oficial ante la consulta de este diario sobre la conveniencia política de encarar tamaña negociación a poco de comenzado el mandato.
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La concesión del Correo Argentino al grupo SOCMA fue una de las más cuestionadas a la administración de Carlos Menem: en 1999 dejó de pagar el canon al estado, dos años más tarde entró en concurso de acreedores y en diciembre de 2003 se declaró en quiebra, el mismo año en que Néstor Kirchner re-estatizó la empresa. A mediados de 2016, el estado nacional -acreedor del 33% del pasivo- entabló negociaciones con la ex licenciataria, cuya titularidad era de Franco Macri, y arribó un acuerdo que aún no fue rubricado.
En ese proceso de homologación, intervino la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, que rechazó la propuesta realizada por Correo Argentino SA y aceptada por el estado nacional en el marco del concurso preventivo.
Boquín sentenció que lo acordado ‘equivale a una condonación’ de la deuda ‘y debe considerarse abusiva’ en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de $ 4 mil millones en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033 cuando finalizara el plan de pagos ofertado.
Asimismo, la funcionaria advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones “sin competencia para hacerlo” y que como “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA, podría haber choque de intereses en caso que “la propuesta fuera aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional”.
La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI: la segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia- ‘mejoraba’ el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). ‘Del análisis económico surge que el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%’, informó la fiscalía.
En una ampliación al dictamen presentada el último martes, Boquín acompañó los cálculos complementarios elaborados por la DAFI, de los que surge ‘el porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional, a saber $ 70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-.’
La noticia promovió, como era de esperar, las críticas del kirchnerismo que, adelantó, una nueva ofensiva judicial contra el gobierno. “Es la segunda deuda en la historia que le perdonan. Antes fueron los militares. Ahora es un Macri perdonando a otro Macri”, fustigaron desde el bloque del FpV de la Cámara de Diputados.