"El jefe de Estado y su núcleo familiar están protegidos por la Casa Militar, que le brinda los servicios de seguridad. Sus traslados deben realizarse en vehículos oficiales, por lo tanto está cubierto por la Ley de “Ética”, explicó Laura Alonso, titular de la Oficina Aticorrupción.
Además, agregó que, antes de realizarse el viaje del helicóptero a Punta del Este, para traer de regreso a Juliana Awada, la Primera Dama y Antonia, la pequeña hija del matrimonio presidencial, la Secretaría General de la Presidencia hizo una consulta a la Oficina Anticorrupción, para que analice la situación.
“A la primera dama, que cumple funciones protocolares, también se le aplican los deberes previstos en el Código y la Ley de Etica Pública, lo que quiere decir que debe utilizar en su función protocolar los bienes con austeridad, responsabilidad, honradez y prudencia”, aclaró.
En el diálogo, la ex diputada diferenció la situación de otros usos de los bienes del Estado, como el de la flota de aeronaves “para mandar diarios impresos a otras provincias” o el uso de un “avión sanitario” para un viaje de descanso. “Hay poner la discusión de la ética y la integridad pública en la agenda”, dijo Alonso.