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Para el abogado previsional Christian Hernán González D'Alessandro, la medida significa "ajustar sobre el más vulnerable". Asimismo criticó que se realizaron "sin previo aviso", dado que los titulares "se enteraron cuando fueron al cajero automático" y el dinero no estaba depositado.
El director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológicas del Colegio de Abogados de Morón (CAM), Christian Hernán González D’Alessandro, consideró que la baja en pensiones por discapacidad “es ajustar sobre el más vulnerable”.
El especialista advirtió que esas bajas “se dieron sin previo aviso y la administración tiene el derecho de oír a las partes”.
Ejemplificó que en el caso de suspender o quitar una prestación “tendrían que haber citado al titular de la pensión no contributiva, decirle ‘estamos investigando el caso’ y dictaminar -si la quitan o no- después que la persona sea escuchada, presente la documentación y se investigue”.
“En cambio, la gente se enteró cuando fue al cajero automático y vio que la cuenta estaba en cero -remarcó-. Salen desesperados, van a la caja del banco y ahí le dicen que vayan adonde hizo el trámite y se van de la sucursal sin saber qué hacer”.
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Ante esta situación, González D’Alessandro destacó que “tienen dos vías adonde recurrir: la primera, apersonarse en la vía convencional, en el área de Desarrollo Social, manifestar que su pensión asistencial fue dada de baja y demostrar que le corresponde, pero para eso se demoran meses en la reactivación porque todos sabemos cuánto tardan estos trámites; la segunda, presentar un recurso de amparo, ir a la vía judicial porque hay un derecho vulnerado, pero también hay demora”.
Por otra parte, acerca de la declaración a un matutino porteño del titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, quien dijo que “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión; puede trabajar si lo desea”, González D’Alessandro apuntó que “se viola el principio supranacional que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Asimismo manifestó que “es una situación lamentable, en esta caza de brujas caen los justos por pecadores, se invirtió la carga de prueba, dado que dieron de baja sin previo aviso y los titulares tienen que probar” que les corresponde.
Sin embargo sostuvo que en este trámite “pasan meses y además se agrega que es imposible la materialización porque no hay personal físico, asistentes sociales suficientes distribuidas en todo el país, para que se pueda hacer rápidamente”.