La Corte Suprema de Justicia pidió este miércoles informes como consecuencia de la filtración de escuchas telefónicas de conversaciones entre la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner y Oscar Parrilli.
El máximo tribunal giró los informes a la oficina encargada de intervenir teléfonos en el marco de investigaciones judiciales y al juez federal Ariel Lijo. Lo resolvió a partir de un pedido del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia para que se inicie un sumario por la filtración de la escucha.
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El juez le pidió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación -Oficina de Captación de Comunicaciones- que informe “toda circunstancia que se vincule con la actividad desarrollada por esa repartición en el marco de la causa” contra Parrilli.
Esa oficina depende de la Corte Suprema de Justicia y está en manos de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra.
Además, en el marco de ese sumario administrativo, la Corte pidió al juez Lijo que “ponga en conocimiento del Tribunal, cualquier circunstancia que considere pertinente orientada a dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a los agentes judiciales intervinientes en la captación, transmisión, entrega y resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas ordenadas en la causa”.
La Corte -aclaró- lo hizo “teniendo en cuenta los principios de transparencia y confidencialidad que deben regir la actuación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial”.
Paralelo al sumario administrativo, existe una denuncia penal impulsada por Cristina Kirchner en Río Gallegos: tanto ella como Parrilli públicamente apuntaron por la filtración hacia el juez Lijo, a la Corte y las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Así lo expresó el ex director de la Escuela Nacional de Inteligencia Marcelo Saín, al tiempo en que advirtió que grupos de los servicios de espías “también lo están escuchando” a Mauricio Macri.
“No hay nada nuevo en cuanto al espionaje político. Hace 25 años que la Inteligencia se dedica al espionaje político al servicio de los gobiernos de turno. Quizás lo novedoso sea la ventilación pública de esas cuestiones. De los 90 en adelante en la SIDE se construyó toda una relación espuria con jueces y fiscales”, sostuvo Marcelo Saín.
En diálogo con Radio del Plata, el ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) explicó que en los servicios de Inteligencia “muchas veces hay autorizaciones judiciales injustificadas (para realizar escuchas) que en realidad tenían como objetivo espionaje político, como en el caso de Parrilli”.
“Ellos tienen tecnología como para poder escucharte ilegalmente, sin autorización judicial, pero eso no lo pueden utilizar institucionalmente”, señaló. Respecto a la difusión de las conversaciones entre Cristina y Parrilli, Saín consideró que “es una gran maniobra política”.
“Es discutible la legalidad de la escucha. El objetivo, obviamente, no era Parrilli, sino Cristina. Es un embate abierto contra la ex presidenta”, agregó. Y añadió: “Nunca terminó bien, para ningún Presidente, como no va a terminar bien para Macri, porque también lo están escuchando a él”.
“Esto es lo que le pasa a la gente que jode con estas cosas. Macri es un experto en esta materia, porque ya había montado un gran sistema de espionaje político cuando era jefe de Gobierno porteño”, concluyó Saín.
Lo dijo la fiscal nacional y ex directora del ex-Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM), Cristina Caamaño. “La responsabilidad primaria de las escuchas está en cabeza de la Corte, debería ser la primera interesada para quedar despegada de que no fue la actual Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC)” la que filtró el audio, sostuvo.
En diálogo con Futurock FM, Caamaño advirtió que “el tema es que si no fueron ellos, queda el juez (Ariel Lijo), el fiscal (Guillermo Marijuán) o la propia AFI”.
En ese sentido, la titular de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal criticó al tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti: “Hizo un comunicado muy escueto diciendo ‘yo no fui’. Debería decir algo más, debería decir ‘investíguese’, hacer una denuncia para ver qué parte de la cadena de custodia se rompió”.
Caamaño se refirió al período en el que el sistema de escuchas estuvo a su cargo bajo la órbita de la Procuración General de la Nación (PGN): “Intentamos y pudimos romper esta promiscuidad que se da entre el Poder Judicial federal, el poder político y los servicios de Inteligencia. Nosotros lo pudimos romper y no tuvimos ninguna filtración en el tiempo en el que el Ministerio Público Fiscal tuvo a su cargo las escuchas. Este retroceso nos pone a todos en peligro”.
Y agregó: “Estamos volviendo a una situación que ya hemos vivido y que el Presidente conoce perfectamente, porque él tenía una banda que escuchaba, con (el exjefe de la Policía Metropolitana Jorge) ‘Fino’ Palacios, (el abogado) Ciro James, el ex ministro de Educación (de la Ciudad Mariano Narodoswki). Asumió procesado por este tema de escuchas ilegales”.
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