La Corte también ordenó al Gobierno a disponer el mantenimiento de la tarifa social y solicitó al Congreso nombrar al defensor del Pueblo de la Nación.
Según los magistrados, las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo violentan el derecho a la participación de los usuarios, bajo la forma de audiencia pública previa, en el proceso de revisión de tarifas.
Luego de las tensiones políticas que generó el tarifazo entre el oficialismo y la oposición, el máximo tribunal, en línea con el dictamen difundido el miércoles por la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, estableció que para discutir nuevos esquemas de tarifas deben realizarse audiencias públicas.• LEA MÁS: Las frases de Aranguren en Diputados sobre los aumentos en tarifas
El Gobierno decía que esa audiencia ya se había realizado en 2014 y propio Aranguren advertía días atrás, desde los micrófonos, de que "sería muy grave" un fallo en contra del nuevo cuadro tarifario, mientras el presidente Macri hacía fuerza cuestionando a los que "ponen palos en la rueda" y alertaba sobre el peligro de "convertirnos en Venezuela".
El fallo lleva la firma de los doctores Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti. Y si bien cada uno trabajó en un documento particular, tras varias idas y vueltas finalmente hubo consenso.
Tras las decenas de amparos judiciales presentados en diferentes provincias, el que llegó a lo más alto, a la mismísima Corte Suprema, fue el de un caso presentado en el Juzgado Federal de La Plata que ordenó frenar el incremento tarifario en todo el país que alcanzaba hasta el 400%.