La fisura del FpV, expuesta en 6 diputados que bajaron

Se trata de María Emilia Soria (Río Negro), Luis Bardeggia (Río Negro), Miriam Gallardo (Tucumán), Ana Llanos (Chubut), Ramón Alberto Tovares (San Juan) y Sandra Daniela Castro (San Juan).

El otro sanjuanino, José Luis Gioja, había adelantado su postura a favor de desaforar al ex ministro de Planificación Federal, pero por su investidura como vicepresidente de la Cámara baja optó por preservarse para no acentuar la tensión con el sector kirchnerista del bloque. Sin embargo, se las ingenió para enviar a Tovares, Castro y a la diputada del Partido Bloquista de San Juan, Graciela Caselles, a votar a favor, lo cual deja entrever un escenario de posible desprendimiento. La vocera de los sublevados en el recinto fue Soria, quien dijo que “el pedido en tratamiento se ajusta a las previsiones de la ley de fueros” y que por lo tanto era su obligación “dar la cara” y votar por la positiva.

Pese a reconocer que formalmente estaban dadas las condiciones jurídicas para el desafuero, a diferencia de la malograda iniciativa del oficialismo para expulsar a De Vido por “indignidad moral” en la sesión del pasado 26 de julio, Soria cuestionó las motivaciones políticas del gobierno para instalar mediáticamente la caída en desgracia de De Vido con la finalidad de “distraer la opinión pública del tremendo ajuste que se viene”.

“Hoy es otra la situación desde el punto de vista formal y jurídico. Ninguno desconoce que el diputado De Vido ya fue condenado anticipadamente por un conglomerado de medios que obedecen al poder real detrás de este gobierno. A nadie sorprende la precisión quirúrgica con que tres días antes de las elecciones se montó el pedido de desafuero que tratemos”, denunció la diputada, que obtuvo una destacada victoria en Río Negro con el 49,37% de los votos.

Un par de horas antes, Recalde había encabezado una conferencia de prensa en la que anunciaba que, pese a las diferencias internas, se había logrado unificar la postura de no bajar al recinto para “no convalidar un plan de persecución a opositores”.

“Los números indican que el oficialismo ya consiguió los dos tercios para conseguir el desafuero del diputado De Vido. No vamos a bajar al recinto”, había declarado. Y subrayó: “Nuestra actitud es no convalidar lo que entendemos como un plan de persecución a los opositores. Hay un grupúsculo de jueces y fiscales empeñados en seguir las instrucciones que le da el Poder Ejecutivo nacional”.

En la misma línea, el diputado Rodolfo Tailhade enfatizó que no estaba en los planes del bloque kirchnerista acompañar una sesión que se iba a convertir “en un circo”, basada en una “misma gran mentira que es la necesidad de los dos jueces de privarlo de su libertad por el hecho de que podría peligrar la investigación en ambas causas”.

“En el caso de la resolución de Bonadio, el único argumento que tiene para evaluar el riesgo procesal y la responsabilidad penal es un informe que salió en el Rincón del Vago”, lanzó. A su vez, señaló que la resolución de Rodríguez por la causa Río Turbio estuvo condicionada por la “presión” que ejerció la Sala 2 de la Cámara Federal, ya que el magistrado “ni siquiera estaba de acuerdo en llamarlo a indagatoria” a De Vido.

El bloque dice que no dejó solo a De Vido

El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ aclaró ayer que “si el oficialismo y sus aliados no hubieran alcanzado los dos tercios de los votos -para avanzar con desafuero-, el bloque hubiese dado la discusión en el recinto”, al salir al cruce de las “insólitas versiones que afirman” que ese espacio “dejó solo” a Julio De Vido.

“Nuestra decisión se basó en no convalidar lo que entendemos es una persecución a los opositores. Por ello denunciamos en conferencia de prensa al grupo de jueces y fiscales que, siguiendo las instrucciones que les da el Ejecutivo, actúa de manera sesgada y persecutoria contra nuestros compañeros”, señalaron desde el bloque kirchnerista a través de un comunicado.

Para los diputados del FpV-PJ, “esta persecución se registra también contra Milagro Sala, presa política en Argentina pese a los pronunciamientos de la ONU y la OEA, y en la cruenta obsesión por destituir a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó”.

“Denunciamos también que no se produce avance alguno en las investigaciones de causas como los Panamá Papers, las escuchas ilegales a opositores, el Correo Argentino, el soterramiento del Sarmiento, el blanqueo de familiares del presidente Macri y de los contratistas que son el germen de la corrupción”, expresaron.

Advirtieron también que “desde hace dos años el oficialismo se niega a constituir la bicameral que debe investigar las complicidades civiles y económicas con la dictadura, y hace un año se resiste a tratar nuestro proyecto para crear una comisión bicameral que audite toda la obra pública de 2003 a la fecha”.i