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Será Paloma Ochoa la encargada de investigar si hubo o no abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del secretario de Energía, Javier Iguacel.
L a jueza federal María Servini de Cubría delegó en la fiscal Paloma Ochoa la denuncia por presunto “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” contra el secretario de Energía, Javier Iguacel, por disponer una compensación, que se pagaría en 24 cuotas mensuales, para las productoras de gas a raíz de la devaluación del peso argentino respecto al dólar.
La jueza lo decidió tras la denuncia que el lunes último realizara de oficio el fiscal Guillermo Marijuan.
“La resolución contempla un mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas correspondientes al período 1º de abril al 30 de septiembre, autorizando a las empresas distribuidoras del servicio de gas al cobro de cuotas durante el lapso de dos años a partir del 1 de enero de 2019”, explicó el fiscal Marijuan.
Para el fiscal, la resolución dictada provoca “un perjuicio al patrimonio de los consumidores”.
“De esta manera, mediante el dictado de la resolución se genera una compensación a favor de las empresas contratistas y distribuidoras del servicio de gas incrementado el costo mensual del servicio a usuarios y consumidores”, agregó en la presentación.
En la denuncia hecha por el fiscal, se requirió el dictado de una medida cautelar para suspender el aumento ya que provoca un “perjuicio económico a los usuarios”.
Como medida de prueba, el fiscal sugirió requerir toda la documentación en torno al dictado de la resolución que habilitó los aumentos de gas así como citar a declarar al director de jurídicos de la secretaría de Energía.
En tanto, el fiscal de Estado de la provincia de San Luis, Eduardo Allende, informó que presentará en las próximas horas un recurso de amparo ante la justicia federal contra la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación, que establece cobrarles una compensación a los usuarios en las facturas de gas.
En rueda de prensa, Allende explicó que “esta normativa es ilegal e inconstitucional que implica un reajuste y el cobro de algo que ya se pagó” y citó un ejemplo de la situación: “Es como si viniera el dueño de la pizzería que fuimos anoche a comer y nos dijera que como aumentó hoy la mozzarella le estamos debiendo plata, de algo que ya pagué”.
Además, resaltó que “nos quieren hacer cargo de un aumento indiscriminado del valor del dólar, basándose en una normativa de la época menemista donde nuestra economía era dolarizada, muy diferente a la actual”, destacó.