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La jueza Loretta Preska desestimó la presentación de la ONG Republican Action for Argentina. El fallo obliga al país a pagar U$S16.000 millones por la nacionalización de la petrolera.
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, rechazó este lunes una presentación realizada por una ONG para dejar sin efecto el fallo que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera YPF realizada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Preska consideró que la presentación llegó fuera de tiempo y sostuvo que no respetó el plazo de un año que tenía para hacerlo.
La ONU Republican Action for Argentina (RA4ARG) había solicitado a la jueza estadounidense que anulara el fallo por el que condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford y Eton Park e investigue a los involucrados en la nacionalización de YPF.
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En su resolución, Preska citó precedentes legales que respaldan su decisión. "La solicitud de intervención bajo la Regla 24 (a) o 24 (b) debe denegarse cuando el interviniente se mueve más de un año después de la presentación de la demanda", señaló la magistrada, refiriéndose al caso D'Amato v. Deutsche Bank.
El Estado argentino, representado por la Procuración del Tesoro, había apoyado el pedido de RA4ARG. Sin embargo, Burford Capital se opuso, al argumentar que la solicitud no era pertinente. La jueza Preska finalmente respaldó la posición del fondo de inversión y cerró la puerta a cualquier revisión del fallo en esta instancia.
El director de Research for Traders, Daríos Epstein, dijo que “aquellos que vendieron pescado podrido y embarraron la cancha diciendo que iban a la salvar U$S16.000 millones, tengan un poco de humildad y llámense a silencio”. Y agregó: "El tema es serio. No da que lo usen para operar políticamente".
El juicio por la nacionalización de YPF
En 2023, Preska condenó al Estado argentino por la decisión en 2012 de expropiar a la española Repsol el 51 % de las acciones en YPF sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera de Argentina.
El caso se inició en 2015, cuando la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.
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Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización y que no tomó parte del juicio en Nueva York.
Burford y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones, alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.