La ley de extinción de dominio, una medida que es pura ganancia para el Gobierno

Cambiemos cuenta con la ventaja de ser gobierno y esa condición le permite ponerse en el centro y marcar la agenda. Del otro lado, quedan las críticas o el silencio de los sorprendidos.

Como sea, en el gobierno consideran que el debate que ha generado la aplicación de un DNU es “pura ganancia” para el oficialismo. Porque muestra a un gobierno diligente en un tema caro a buena parte de la opinión pública y sobre todo a su electorado: la corrupción. Y deja expuestos a los que critican, como es el caso puntual del kirchnerismo.

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Esa era una de las banderas de Cambiemos al llegar al poder, aunque el proyecto que finalmente avanzó en Diputados tuvo la base de un texto elaborado por el massismo. Avanzó de la mano de otra iniciativa destinada a combatir la corrupción, la ley del arrepentido, y ambas fueron aprobadas en Diputados el 24 de junio de 2016. El mismo día que la Cámara baja votó el allanamiento de las propiedades de Julio De Vido.

La figura del arrepentido para casos de corrupción fue aprobada por 194 votos positivos y girada al Senado, luego de conseguir el apoyo del Frente para la Victoria gracias a la eliminación de la figura del “colaborador eficaz”. El kirchnerismo no aprobó en cambio la ley de extinción de dominio, que reunió entonces 135 votos a favor y 50 en contra.

El debate en esa ocasión giró en torno a la posibilidad de decomisar sin condena previa, y las prevenciones fueron por la posibilidad de que pudiera ser declarada inconstitucional. Esa fue la razón que esgrimió el FpV al rechazar la ley.

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En el Senado, el proyecto también comenzó a ser tratado junto al proyecto del arrepentido, pero mientras aquel fue finalmente aprobado -con modificaciones que Diputados convalidó en octubre de ese mismo año, convirtiéndolo en ley-, la extinción de dominio se empantanó en el marco de las duras críticas de los senadores y los especialistas que concurrieron a exponer sobre la misma en comisión.

Hugo Wortman Jofré, presidente del Consejo de Administración de Poder Ciudadano, centró su principal preocupación en que “simplemente con un llamado a indagatoria ya se puedan incautar bienes de una persona”. “El juicio ejecutivo implica que una persona puede perder sus bienes en diez días”, advirtió.

El doctor Edgardo Donna, profesor de la UBA, consideró “inaceptable que esta ley entre al Senado”. “¿Cómo se le va a quitar los bienes a personas sin condena?”, cuestionó.

León Arslanian fue otro de los críticos: aseguró que el proyecto tiene “un texto que contiene rasgos escandalosos y errores de concepto”. “Esto es grave: se propone ejercer la acción de extinción de dominio sin que haya una sentencia penal”, alertó y agregó que “el proyecto viola el principio de inocencia, entre otros rasgos escandalosos”.

El proyecto tuvo entonces sustanciales modificaciones y la promesa de que sería tratado antes del final de ese período ordinario, pero eso no sucedió, ni tampoco a lo largo de 2017.

Ante las críticas que responsabilizaban al peronismo por el “cajoneo”, y en vistas de que se encaminaba a perder estado parlamentario, a mediados de 2018 el bloque de Miguel Pichetto presentó una iniciativa propia que, a diferencia de la media sanción de Diputados que enmarcaba el trámite en el ámbito civil, lo mantenía en el proceso penal. Al mismo tiempo Cambiemos presentó uno propio, que mantenía la vía civil como instancia de trámite del proceso de recupero, pero articulándola con la causa penal, que le servía de precedente. La ventaja de este sistema es que no requiere condena penal firme, e impone al titular de los bienes sospechados la carga de probar la licitud de la adquisición para su defensa.

En el caso del proyecto del Senado, al mantener la causa dentro del fuero penal, solo alcanzaría a casos futuros, dejando fuera casos como los de la causa de los cuadernos.

El 22 de agosto la Cámara alta aprobó el proyecto del bloque Justicialista, con acompañamiento del kirchnerismo y otros bloques, y la norma volvió a Diputados, donde por mayoría simple podían ratificar la media sanción original. Se esperaba que así votaran el oficialismo y el massismo, habida cuenta de que ese era su proyecto, y había dudas sobre justicialismo, pues un puñado de sus diputados en 2016 habían acompañado la propuesta del Frente Renovador. Si ratificaban su actitud, se terminaban diferenciando de Pichetto, todo un problema para el bloque.

Finalmente el proyecto no fue tratado en Diputados. Se argumentó que no había acuerdo, pero lo cierto es que fue decisión del propio oficialismo, que no quiso generar controversias dentro del bloque Justicialista encabezado por Pablo Kosiner, después de que con sus votos hubieran logrado aprobar el Presupuesto.

Ahora apela el gobierno al DNU, que no encontró reacciones en el massismo, puesto evidentemente en una disyuntiva. Sí en Miguel Angel Pichetto, que se pronunció a través de un tuit moderado: “Atento a la importancia de la ley de extinción de dominio, habría que haber agotado todos los esfuerzos para que se tratara en la Cámara de Diputados, donde Cambiemos es el bloque mayoritario. El Senado había sancionado una buena ley”.