La UBA irá a la justicia para determinar qué organismo debe auditarla

La Ley de Educación Superior (24.521) establece que las universidades nacionales tienen autarquía económico-financiera.

"Como todos saben, mediante un comunicado, el Poder Ejecutivo informó que por disposición unilateral las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso, pero eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías", introdujo Gelpi en un encuentro con periodistas organizado en la sede del Rectorado ubicado en la calle Viamonte.

"Esto es muy importante y lo voy a repetir: de ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el gobierno nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida", aclaró.

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Según la legislación previa al dictamen, estas instituciones deben ser auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), un órgano dependiente del Congreso nacional. Los organismos a auditar los define la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual está formada tanto por diputados como por senadores, y la selección debe ser luego aprobada por el propio Congreso. Por esto mismo, en respuesta a la decisión del Gobierno, la UBA señaló el viernes pasado que la Sigen no posee las competencias para llevar a cabo dichos controles: “El artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 dice en términos indudables que la Sigen puede controlar a las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”, a la vez que manifestó un intento de controlar la “libertad académica”.

Ante la postura de la Procuración, la UBA también informó que realizará una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno y manifestó ser uno de los entes más auditados del sector público.

Según el comunicado compartido por la institución el viernes pasado también solicitaron a la AGN que la vuelva a incluir en la Plan de Auditoría 2025, y declaró que tomará acciones legales contra la medida, lo cual fue cuestionado el sábado por el presidente Javier Milei, quien en diálogo con Radio Mitre aseguró: “Nosotros no queremos intervenir a las universidades, queremos tener un control del dinero que pagan los pagadores de impuestos. En la Argentina, siete de cada 10 niños son pobres. Esos chicos están recibiendo menos asistencia por las universidades. Entonces, queremos saber qué están haciendo con esa plata”.