Para Leandro Halperín, abogado especialista en sistemas penitenciarios, la fuga de los hermanos Lanatta (Martín y Christian) y Víctor Schillaci no da lugar a la especulación: se trató de un caso de complicidad estatal para facilitar el escape de los tres delincuentes. O bien de un secuestro. Según el especialista el hecho, en sí gravísimo, también es revelador del estado de sospecha en que está sumido el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), uno de los más cuestionados del país por la trama de corrupción y violencia en la que conviven presos y presidiarios.
- ¿Qué le dice su olfato en relación a la triple fuga de la Unidad Penal de General Alvear?
- No es una cuestión de olfato: escuchamos a la gobernadora decir con total claridad que se trató de un hecho en que la complicidad estatal permitió la fuga de tres condenados por un crimen muy grave. Una segunda hipótesis determina que contaron, para evadirse del penal, con apoyo del exterior. Y la tercera es que los hayan sacado a la fuerza. Es mucho más frecuente de lo que pensamos que la gente se fugue de las cárceles, lo que es infrecuente es el modo como lo hicieron estos tres presos: por la puerta y con todas las facilidades.
- A la luz de estos hechos, ¿cuál es su diagnóstico sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense?
- No creo que el SPB esté en crisis, como por ahí se dice. Al contrario, creo que está en el apogeo de su objetivo, que es producir daño a los que están detenidos. Y el daño que causa la prisión es un daño al preso, a su familia, a los que allí trabajan y al conjunto de la sociedad, que sabe y padece las consecuencias de tener cárceles que agravan el problema.
- En estos días la Suprema Corte de la Provincia admitió en una resolución el estado de colapso por el que pasan las cárceles bonaerenses. Se habló de 34.500 presos en cárceles y comisarías en pésimas condiciones de hábitat.
- El poder judicial actúa con un doble estándar señalando estas condiciones, pero al mismo tiempo tolerando que los institutos penales se llenen de pibes que consumen drogas o de mujeres mulas, mientras deja afuera a los delincuentes verdaderamente peligrosos. No hay duda de que nuestras cárceles son parte del problema de la inseguridad.
- ¿Qué opinión le merece la designación de Fernando Díaz como máxima autoridad del Servicio Penitenciario Bonaerense.
- Díaz ocupó ese mismo cargo en la época de Felipe Solá y Daniel Scioli (2005-2009) y posteriormente encabezó el organismo de auditoría (Auditoría General de Asuntos Internos) y no me he enterado durante está última gestión de muchos trabajos con su firma donde se hayan dado a conocer denuncias de corrupción. No tengo expectativas muy favorables respecto a las posibilidades de un verdadero cambio de la realidad penitenciaria provincial bajo su gestión, pero también creo que la gobernadora Vidal siempre tendrá a su alcance los instrumentos para realizar las rectificaciones necesarias y los hombres para llevarlas a cabo.
- ¿Cómo evalúa al SPB en relación a otros sistemas carcelarios nacionales?
- El SPBA es uno de los más denunciados. Los organismos de derechos humanos no han podido mirar para otro lado en materia de vejaciones, corrupción. Las cárceles fueron dominadas con el miedo como herramienta, con la aplicación de una perversa lógica de premios y castigos basada en aceptar ilícitas formas de vida como estrategia de supervivencia en un ámbito controlado por el Estado, con funcionarios públicos dispuestos a proteger o lastimar según acepten o no las condiciones impuestas.
- Se observa, desde 2001 en adelante, que la cantidad de motines decreció drásticamente. ¿A qué atribuye esa merma?
- Desde entonces hubo un cambio en la manera y los procedimientos por los que el SPB administra la tranquilidad en las unidades carcelarias. Lo hace a través del miedo, el castigo físico, la droga y los privilegios. Y por supuesto, los negocios y la comisión de delitos por los reclusos con complicidad de las propios autoridades de los penales.
- En ese sentido: ¿cómo funciona la droga en los penales?
- La realidad de la droga en los institutos carcelarios no escapa a la realidad del mundo libre. Se trafica, se consume y se generan negocios. Lo que pasa es que a diferencia de los que ocurre en la sociedad, solemos no enterarnos. Esto es mucho más grave porque acontece en un ámbito que, a diferencia de lo que ocurre en la sociedad libre, debiera estar sometido a un control estricto y permanente del estado. Esto lleva a la conclusión de que estos delitos y otros son posibles no por la tolerancia de las autoridades de los penales sino directamente con su complicidad.