Este domingo se cerró la Audiencia Pública por las tarifas de gas en La Usina del Arte. El acto se dividió en tres jornadas entre, viernes, sábado y domingo, que consumieron más de 30 horas de exposiciones. Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería, rompió el hielo a las 9.20 del viernes y a él le siguieron defensores del pueblo, representantes de las empresas vinculadas, voceros de ONGs, legisladores y ciudadanos. Todos quisieron dejar en claro por qué no o por qué sí avalaban el nuevo esquema del Gobierno.
Después del fallo de la Corte Suprema que obligó al Poder Ejecutivo a realizar el evento, los cuestionamientos por parte de los opositores a la medida se centraron en la falta de información. Es que el principal componente de las facturas del servicio, el valor del gas en boca de pozo (representa el 70 por ciento), tiene un costo incierto, según denunciaron gran parte de los oradores durante el acto y en la previa del mismo.
Aranguren se negó a proveer el dato clave y fundamentó la construcción de la tarifa en un valor no detallado. En la apertura de la Audiencia, el titular de la cartera reconfirmó lo anunciado días antes: la intención del Gobierno es lograr que el gas tenga subsidio cero por parte del Estado y para eso hay que llevar la tarifa del gas en boca de pozo de 1,50 a 6,72 dólares.
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De concretar su plan, la gestión de Mauricio Macri imprimiría en las facturas un aumento promedio del 800 por ciento para usuarios residenciales. El plan para llevarlo a cabo es aumentar la tarifa en fases semestrales hasta octubre de 2019.
Según el reglamento, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENaRGas) deberá presentar en los próximos 10 días un informe completo de los sucedido durante la Audiencia. De ahí en más, el ministerio de Energía y Minería tendrá otras tres semanas para presentar el plan definitivo, con el nuevo cuadro tarifario. Tal como lo aseguró el titular de la cartera, es probable que se conozca antes de ése plazo.
Si bien la Audiencia Pública no es vinculante, el fallo de la Corte Suprema sostiene que la conclusión oficial deberá ajustarse a lo debatido en La Usina del Arte y contemplar las necesidades de todas las partes.
En ese sentido, distintas organizaciones que representan a los consumidores, ONGs, sindicatos y legisladores opositores anunciaron que recurrirán a la Justicia en caso que el Gobierno no dé lugar a los reclamos.
Ahora, todo queda en manos de Aranguren y su equipo. Si el plan anunciado el viernes pasado se sostiene, lo que muestra el horizonte es una tormenta de amparos que buscarán retrotraer, como ya lo hizo el máximo tribunal, la tarifa a marzo de este año.