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Este miércoles habrá una sesión clave en la Cámara de Diputados, en la que se votará un paquete de leyes económicas: Defensa de la Competencia, Compre Argentino y la reforma del Mercado de Capitales.
En sesión especial, el oficialismo intentará darle el próximo miércoles media sanción a tres proyectos que el gobierno nacional considera clave como la ley de Defensa de la Competencia, “Compre Argentino” y la iniciativa que reforma el Mercado de Capitales.
En la sesión, que fue convocada para las 10.30, también se pondrán en consideración otras iniciativas, como la que crea un régimen de promoción de la industria naval argentina, el que establece el desarrollo de la Marina Mercante nacional y la integración fluvial regional, y el que conforma un registro de condenados por delitos contra la integridad sexual.
Sin embargo, los ojos estarán puestos en el paquete económico, principalmente en el tratamiento de la nueva ley de Mercado de Capitales, que fue rebautizada como de “Financiamiento Productivo”.
Esta iniciativa había sido presentada en noviembre del año pasado, pero quedó cajoneada y finalmente fue reemplazada por una nueva redacción, que incorpora herramientas para apuntalar el financiamiento de las PyMEs.
Sin embargo, se mantiene el núcleo central del proyecto, que dispone el recorte de la intervención estatal en el sector privado y limita las facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV), al impedir la posibilidad de designar veedores con poder de veto en los directorios de empresas, como ocurre con la legislación vigente sancionada durante el último mandato de Cristina Kirchner.
En un plenario de comisiones, el oficialismo emitió el miércoles pasado el dictamen de mayoría a favor el proyecto de Defensa de la Competencia, que apunta a combatir situaciones de abuso de posición dominante de mercado que generen efectos distorsivos sobre la competencia, como la conformación de monopolios, oligopolios y cartelización.
Para el gobierno, esta iniciativa que envió el martes a última hora es central para que las PyMEs tengan un nuevo sistema de financiamiento y por eso decidió dar un rápido tratamiento para que se pueda convertir en ley antes de fin de año, aunque la agenda estará enfocada en un extenso paquete económico que incluye las reforma tributaria, previsional, laboral, y el presupuesto.
El oficialismo espera contar, como sucedió cuando se firmó el dictamen de mayoría, con el apoyo del bloque justicialista que responde a los mandatarios provinciales peronistas, de los santiagueños que lideran Gerardo Zamora, de los misioneros y del Movimiento Popular Neuquino. A diferencia de lo que sucedió en otras oportunidades, Cambiemos duda sobre la postura que asumirá el bloque del Frente Renovador dado que el massismo en los últimos días buscó diferenciarse del gobierno y presentó sus propios dictámenes de minoría con lo cual no esperan que apoyen en general este proyecto.
De todos modos, el oficialismo confía en que tendrá los votos para aprobar este proyecto, que establece que las facturas que emiten las PyMEs por sus productos y servicios quedan aceptadas o conformadas automáticamente a los 30 días de emitidas, posibilitando que puedan ser vendidas a través de bancos y/o en el mercado de capitales.
El proyecto propone la creación de una nueva autoridad de aplicación descentralizada y autónoma del Poder Ejecutivo (se denominará Autoridad Nacional de la Competencia) que tendrá a su cargo la implementación de multas a las personas físicas o jurídicas que incurran en conductas desleales de concentración económica.
Dicho organismo estaría integrado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y dos secretarios: el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaria de Concentraciones Económicas.
Se propone que los integrantes de la autoridad de aplicación sean designados por el Poder Ejecutivo (con acuerdo posterior del Senado) previo concurso público de antecedentes.
Entre las sanciones económicas, se prevén fuertes multas (las que están vigentes quedaron muy desactualizadas, ya que la legislación actual data de 1999) de acuerdo a tres criterios diferentes: hasta el doble del monto del beneficio obtenido por vía ilegal, el 30 por ciento de la facturación del grupo económico en los mercados afectados durante el tiempo que durase la conducta anticompetitiva; y multas de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalentes en la actualidad a tres mil millones de pesos), ajustables por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC.
En tercer proyecto del paquete económico, que el martes pasado logró luz verde en un plenario de comisiones, es el conocido como “Compre Argentino, que busca darle prioridad a los proveedores locales en las compras públicas que realiza el Estado.