Bajo la consigna Santiago es Solidaridad, la familia del artesano y representantes de distintas organizaciones sociales se movilizaron a la Plaza de Mayo para exigir "verdad y justicia".

A un año de la desaparición de Santiago Maldonado, familiares del joven artesano y organismos de derechos humanos encabezaron este miércoles una multitudinaria concentración en la Plaza de Mayo y volvieron a responsabilizar al Estado por la muerte del joven.

Sobre un gran escenario de cara al Cabildo, el hermano del artesano, Sergio, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por lo que calificó como una "desaparición forzada seguida de muerte".

"Santiago, vos sos al único al que le voy a jurar lealtad y compromiso de lucha hasta ver que los responsables sean juzgados. Hasta tanto descansá como puedas y como te dejen. Te respeto y te quiero mucho", sostuvo el hombre, que se quebró en varias oportunidades al leer un comunicado.

A su lado estaban referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, además de referentes de otras agrupaciones de derechos humanos.

Cientos de personas comenzaron a llegar desde las 17 a las inmediaciones de la Casa Rosada con banderas y carteles pidiendo avances en la causa judicial por la muerte de Maldonado a sus 28 años, tras un desalojo de la Gendarmería a una protesta mapuche en Chubut.

De la protesta participaron agrupaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), HIJOS, el CELS y Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas y partidos de Izquierda, entre otros.

También hubo una marcha en Bariloche, al igual que en otros puntos de la Argentina, mientras que la mamá del joven artesano dará una misa en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo, de donde era oriundo su hijo.

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La causa tuvo hasta el momento pocos avances desde aquel peritaje, aunque el juez Lleral mantiene aún la carátula -a pesar de los pedidos del Ejecutivo y de la fiscal del caso- como “desaparición forzada”.

“Hay circunstancias fácticas que deben ser valoradas para disponer un cierre definitivo. Cualquier cambio de carátula implicaría un adelantamiento de opinión”, señaló en los últimos días el magistrado.

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