El magistrado había sido designado por DNU del gobierno de Javier Milei pero su pliego fue rechazado el jueves por el Senado de la Nación.

Manuel García Mansilla renunció este lunes a su cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el Senado rechazara el jueves pasado su pliego que había sido presentado por el Poder Ejecutivo.

El magistrado contaba con una designación provisoria por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno del presidente Javier Milei.

Mansilla renunció de forma indeclinable al cargo, según se desprende de una carta presentada este lunes y dirigida al propio mandatario, en la que expresa duras críticas al funcionamiento actual del máximo tribunal.

En la misiva, el magistrado, designado por el decreto 137 del 26 de febrero de 2025, fundamentó su decisión en “la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente”.

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El juez sostuvo que el tribunal viene funcionando desde diciembre con solo tres miembros, situación que consideró “sorprendente” y que agravó la parálisis judicial. “A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones”, expresó.

La extensa carta plantea básicamente varias cuestiones o ejes relacionados: las razones por las que asumió en comisión, donde aclara que se tergiversó su afirmación de que no lo haría; la dificultad institucional de una Corte Suprema funcionando solo con tres miembros; la demora del Senado en tratar los pliegos; y la validez de la decisión del PEN.

“A partir de la misma convicción -agrega la carta- con la que asumí el nombramiento en comisión con que Usted me honró, considero que, debido a la decisión tomada por el Senado de la Nación de rechazar el pliego oportunamente enviado en el marco del art. 99, inc. 4, de la Constitución Nacional, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para facilitar que se agilice el proceso para que se cubran de una buena vez las vacantes que existen en la Corte Suprema”.

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El ahora ex juez de la Corte Suprema profundizó su crítica a la Cámara Alta por su inacción inicial para tratar su pliego, a pesar de que “no había ningún otro trámite pendiente”. Por eso consideró que todo fue una “mera especulación política”.

Además denunció la falta de nombramientos en otros cargos importantes, como el de Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, que llevan vacantes varios años: “La inacción, la indolencia y el desprecio por la independencia del Poder Judicial... es francamente escandalosa”.

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En otro fragmento del escrito, García-Mansilla sostuvo que su permanencia en el cargo “no ayudaría” a resolver la crisis institucional y expresó su deseo de que su renuncia sirva como advertencia: “Tal vez este episodio y esta renuncia sirvan de advertencia para que se den cuenta de una vez de que la integración de la Corte Suprema, y de todo el Poder Judicial federal, es urgente”.

En los párrafos finales, el jurista apuntó: “Empecé la carta como juez; la termino ahora como ciudadano. Creo que el proceso de transformación d la República Argentina depende de una condición indispensable para que tenga éxito, se consolide y se encarne en cada uno de los argentinos: que exista un Poder Judicial recto, decente e independiente”.

El día que contemos con un Poder Judicial integrado en su totalidad con jueces rectos, honestos, capaces e independientes y apegados a la Constitución y a la ley, nuestro país tendrá una gran parte de su futuro asegurado”, consideró sin hacer nombres propios.

El pasado jueves, el Senado rechazó por amplia mayoría los pliegos de García Mansilla y Lijo, lo que intensificó las presiones sobre el primero para que abandonara su cargo. Pocos después de la votación, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, firmó una medida cautelar que ordenaba a García Mansilla abstenerse de firmar resoluciones o medidas administrativas por un plazo de 90 días, hasta que se resolviera la legalidad del decreto presidencial que lo había designado.

La medida cautelar fue impulsada por una presentación judicial del abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes argumentaron que la designación de García Mansilla vulneraba la independencia judicial. Ramos Padilla fundamentó su decisión en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que establece que un juez designado en comisión no puede ejercer funciones jurisdiccionales sin el acuerdo del Senado. “La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, afirmó el magistrado.

Ahora la Corte vuelve a funcionar con tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

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