Política |
3'
Maximiliano Rusconi expresó que hubo un contacto formal con el ministro de Justicia, "donde le pedimos recaudos para el viaje a Río Gallegos", pero que no habló en el marco del sistema de testigos protegidos.
El abogado de Lázaro Báez, Maximiliano Rusconi, dijo ayer que es “falso” que haya mantenido contactos con el ministro de Justicia, Germán Garavano, para que su defendido declare como “arrepentido” en el marco del sistema de testigos protegidos, y sostuvo que el traslado a Río Gallegos del empresario detenido será solo por 2 o 3 días para visitar a su madre enferma. “A Garavano lo conozco hace mucho tiempo, no es mi amigo íntimo. Ha habido un contacto formal, informado al juez (Sebastián) Casanello, donde le pedimos recaudos para el viaje a Río Gallegos. Pero que yo he hablado en el marco del sistema de testigos protegidos, eso es falso”, dijo Rusconi en declaraciones a radio La Red.
Para Rusconi, la figura del “arrepentido” o del testigo protegido, es pretender “de modo inquisitivo presionar a una persona en contra de su voluntad para que se autoincrimine o incrimine a otros”, lo que consideró “un desastre moral”. “Difícil que en mi actuación como defensor estimule esa salida?, indicó el abogado, desmintiendo publicaciones periodísticas de los últimos días que indicaban que la defensa de Báez estaba negociando con el gobierno beneficios en su detención, a cambio de aportar información a la causa.
LEA MÁS:
De hecho, el juez federal Sebastián Casanello libró el jueves por la tarde un oficio al ministerio de Justicia de la Nación para solicitarle que “informe, en forma urgente, si funcionarios a su cargo efectivamente se encuentran ‘negociando’ en los términos mencionados en la nota periodística aludida” y si así fuere “si su actividad fue informada” al fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, “quien por ley es el encargado de llevar adelante los acuerdos”.
El magistrado aludió al artículo publicado en un matutino porteño en el que se informaba una negociación entre la defensa de Báez y representantes del Ejecutivo para aportar información a cambio de un arresto domiciliario. “El acuerdo de colaboración debe ser celebrado entre el fiscal y el imputado y posteriormente sometido al examen del juez para su eventual homologación”, señaló el jueves Casanello al tiempo que destacó que “el Poder Ejecutivo no interviene en modo alguno en ningún tramo de la negociación del acuerdo de colaboración” y dejó sentada “la obligación del juez de garantizar la regularidad del proceso”.
En tanto, Rusconi confirmó que la justicia ya autorizó “hace 15 o 20 días” el traslado del empresario detenido a Río Gallegos para que pueda ver a su madre enferma.
“El juez ya autorizó ese traslado. No es materia de negociación (con el gobierno). No hay nada de cierto en eso”, explicó el abogado, para quien “si se maneja con inteligencia, no hay ningún riesgo” en el viaje del detenido a la provincia de Santa Cruz.
En ese marco, sostuvo que si el traslado “se hace con austeridad de movimientos y despliegue, es la mejor garantía de seguridad” y rechazó que se haga con “el traslado de 200 gendarmes, porque sería potenciar la posibilidad” de que haya algún incidente.