De esta forma, quedará en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, lo que significará que el Gobierno porteño se hará responsable del cuidado de los detenidos.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordó este jueves con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el traspaso del servicio penitenciario en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, lo que significará que la Ciudad se haga responsable del cuidado de los detenidos.
Ambos equipos, encabezados por Macri y Bullrich, se reunieron este jueves en la sede del Ministerio de Seguridad para comenzar a trabajar en la transferencia de las competencias del Servicio Penitenciario Federal.
De esta manera, la Ciudad cuando se concrete la medida, estará a cargo de la ejecución de las penas privativas de la libertad y la guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales cuyo juzgamiento está a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA.
Bullrich estuvo acompañada por el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julían Curi, y la Directora Nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk.
Por su parte, Macri fue respaldado en el encuentro por el jefe y el vicejefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti y Gabriel Sanchez Zinny, y los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Waldo Wolff.
Luego de la reunión con autoridades porteñas, Patricia Bullrich se expresó en su cuenta de Twitter. "Junto a Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acordamos que haremos el correspondiente traspaso para que la Ciudad tenga a su cargo la responsabilidad de los presos de su distrito y así profundizar su autonomía" escribió.
A modo de respuesta por el escándalo que protagonizaron ayer los diputados nacionales Silvana Giudici (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), la diputada nacional de Democracia para Siempre Carla Carrizo presentó hoy un proyecto de resolución para crear en la Cámara baja una Comisión de Ética y Disciplina.
"Lo que ocurrió ayer en el plenario de 5 comisiones entre la Diputada Nacional Silvana Giudici del PRO y el Diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, no es un caso aislado sino que se ha transformado en una práctica que muestra agresión y violencia verbal en lugar de discusión informada y tolerancia que es lo que la casa de las leyes debería transmitir a la ciudadanía", afirmó la radical.
Durante un plenario de comisiones en el que se debatió el proyecto de ley contra la ludopatía y las ciber apuestas, Giudici y Ferraro intercambiaron duras agresiones a centímetros de distancia, incluyendo insultos por parte de la diputada bullrichista, que llamó “hijo de puta” y “tarado” al opositor.
Ferraro, por su parte, también provocó a Gudici tildándola de “lobbysta" de Daniel Angelici y de la empresa de apuestas online Codere”.
A raíz de ese incidente, por el que Ferraro pidió las disculpas del caso, Carrizo propuso generar una Comisión de Ética y Disciplina destinada a elaborar recomendaciones sobre orden, ética, transparencia y buen comportamiento de los legisladores.
Según detalló en el proyecto, este ámbito funcionaría dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y estará integrada por 15 miembros designados en representación de los distintos bloques.
El cuerpo estará a cargo de todo lo relacionado a las facultades disciplinarias de la Cámara en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional y en los deberes de comportamiento ético de los diputados vinculados a las inobservancias de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Para poder deliberar con capacidad resolutiva, la comisión requerirá un quórum con la mayoría absoluta de sus miembros y será convocada alternativamente por el presidente de la Cámara o de la comisión de Asuntos Constitucionales.