PepsiCo: el gobierno intentó atenuar el costo político del desalojo

A las puertas del inicio formal de la campaña electoral, en el gobierno intentaron minimizar el costo político de las imágenes que ayer mostraron los canales de noticias sobre el violento desalojo de la fábrica de snacks de la localidad bonaerense de Florida.

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Foco sobre heridos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el operativo requerido por la jueza Andrea Rodríguez Mentasky y el fiscal Larramendi e hizo foco sobre los 15 policías heridos durante la reyerta.

A su turno, la titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley, afirmó que ‘el ministro de Trabajo (Triaca) se está ocupando desde hace tiempo, está trabajando como en todos los casos cuando sucede esto, el Estado trabaja para que esto salga de la mejor manera’. Se refería a los hechos acontecidos ayer por la mañana cuando efectivos de Gendarmería y de la Policía provincial ingresaron a la planta fabril para desalojar a los trabajadores que la ocupaban, lo que dio lugar a enfrentamientos en los que los agentes arrojaron gases lacrimógenos y balas de goma mientras que un grupo resistía desde los techos arrojando piedras y objetos contundentes.

Desde la cartera laboral rechazaron las críticas opositoras y destacaron que hubo cinco audiencias en los últimos dos meses con el sector para acordar la inserción de los afectados en programas de transformación productiva o mejores resarcimientos.

‘De los 490 trabajadores bajo convenio y 60 fuera de convenio, 455 acordaron recibiendo el doble de indemnización.

Se trabajó con el sindicato de Alimentación pero un grupo vinculado a una conducción de izquierda rechazó el acuerdo y tomó la planta. Con ellos nunca íbamos a poder acordar y de hecho las 3 personas arrestadas hoy no eran trabajadores sino militantes’, graficó un funcionario consultado al asimilarlos a conducciones clasistas que en el pasado resistieron los cierres de las plantas Lear o Donnelly.

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El procedimiento

En el gobierno admitieron el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) apenas iniciado el conflicto culminó cuando la multinacional ofreció indemnizaciones del 200% a los trabajadores. También reconocieron que la firma ‘prometió relocalizar’ a los despedidos pero sólo ofreció 150 plazas a radicarse en la fábrica marplatense.

El comunicado de Pepsico aduce los motivos del cierre de la planta -’inviabilidad económica’ por estar afincada en una zona residencial- y que ha llegado a un ‘acuerdo’ con la mayoría de los trabajadores por los resarcimientos. Pero no menciona la oferta para trasladar a los trabajadores a la ciudad balnearia.

Lo cierto es que las críticas de la oposición no se hicieron esperar. Para Fernando ‘Chino’ Navarro, diputado provincial, la ‘represión de la Policía Bonaerense más allá de invocar una orden judicial, marca una decisión política para imponer orden para demostrar a sectores medios y grupos de poder que ellos son los que conducen la calle’.

Al hacer referencia a la coyuntura, el dirigente del Movimiento Evita dijo que ‘no se trata de discutir sobre los fueros ni de acusar sobre hechos de corrupción. Acá son trabajadores que perdieron su trabajo. Más allá de la decisión de la empresa, hay un estado que no intermedió para buscar alternativas. Faltó diálogo’.

Los diputados del FpV, en tanto, reclamaron al vicegobernador Daniel Salvador y al procurador provincial, Julio Conte-Grand, que investiguen la actuación de la jueza que autorizó el operativo, a la que criticaron por no aportar ‘una solución pacífica al conflicto’.

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Tras las pujas internas en el seno de la CGT, finalmente por la tarde se anunció una movilización de protesta para el 22 de agosto.

Los más enfervorizados, entre los que se contaban los gremios del Transporte de la CATT y camioneros con Pablo Moyano, directamente querían convocar a un paro.

Por ahora siguen abiertos los canales de diálogo entre la central obrera y el oficialismo pese a los chisporroteos mediáticos. Sin embargo, ayer en la cartera de calle Alem admitieron que ‘resultó extraña la convocatoria del triunvirato porque un gremio como Alimentación suscribió los acuerdos, aceptó la oferta de que los empleados se insertaran en programas de transformación productiva (se subsidia una parte del sueldo en caso que ingresen a otras empresas). Otra vez la conducción quedó entrampada con la izquierda’.