Política
La presentación la realizó la Oficina Anticorrupción, en su rol de querellante, y consta de cerca de 200 puntos en los que se incluyen presentaciones, informes y declaraciones. Pidieron datos a la SIGEN.
La Oficina Anticorrupción (OA), en su rol de querellante, presentó ante el Tribunal Oral Federal 1 una solicitud de nuevas medidas de prueba en la causa Qunita, que involucra al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollán, entre otros. La presentación de la OA consta de cerca de 200 puntos en los que se incluyen sumarios, respuestas de exhortos, presentaciones, informes y declaraciones, entre otra documentación y material probatorio que deberán ser exhibidos a lo largo del debate durante el juicio oral, si los jueces lo aprueban.
El organismo que conduce Laura Alonso también solicitó al Tribunal -integrado por los jueces José Michilini, Adrián Grunberg y Gabriel Eduardo Vega-, en el marco de la instrucción suplementaria, distintos informes a la SIGEN, al Ministerio de Salud y a la Jefatura de Gabinete.
En septiembre del año pasado la Oficina había solicitado la elevación a juicio para Fernández, Gollán y otros 16 procesados en la causa: la acusación de la OA es por negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
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El juicio será por presuntas irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el Plan Qunita, en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resulten ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados; ya que sólo registraban experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.
A la vez, la licitación se habría adjudicado a precios excesivos e injustificados que superaban el valor de referencia informado por la SIGEN (4096 pesos).
En el requerimiento de elevación a juicio la OA había remarcado que Aníbal Fernández “adoptó la decisión de aprobar la licitación y adjudicarla en favor de las seis empresas irregularmente seleccionadas y de ese modo obligó abusivamente a la administración, puesto que el monto de la contratación resultaba excesivo e injustificado”.
Al respecto, el Director de Investigaciones de la OA, Ignacio Irigaray expresó: “El impulso que se le da a la causa abre la oportunidad de que los hechos de corrupción sean juzgados y se obtenga sentencia rápidamente, a contramano de lo que ha sido la tradición de procesos eternos en los que nunca se ven los resultados”.
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