Procesaron a Aníbal Fernández, Gollán y Manzur por el plan Qunita

Fuentes judiciales informaron que el magistrado también fijó embargos hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos. La causa se inició tras una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña a raíz de la compra de 140.000 kits del Plan Qunita, que fue presentado por la ex presidenta Cristina Kirchner en enero de 2015 y consiste en que todas las mujeres beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) reciban una cuna, sábanas, frazadas y otros elementos básicos para la crianza del recién nacido.

La compra fue hecha el 8 de junio del año 2015 a las empresas Fasano SRL., Grupo Diela SRL., Compañía Comercial Narciso SRL., Fibromad SA., Delta Obras y Proyectos SA. y Dromotech SA., las que proveerían entre todas un total de 140.000 kits, de los cuales la primera de las firmas aportaría 115.000 y las demás 25.000.

Bonadío en su resolución detalló la cadena para aprobar el expediente de licitación de compra y recalcó que mientras el precio fijado por la SIGEN fue de 4.096,37 pesos y del propio Ministerio estimado en 4.500, se pagó en valor promedio por cada kit la suma de 7.800. Por este caso, Bonadío también procesó a otras veinte personas, entre ellas a los funcionarios de planta permanente del Ministerio de Salud Juan Piccolini, Ana Paula Herrera Viana, Fany Clemente Lamas, Elisa Gulberti, Viviana Bonpland, Alelí Claudia Pilar García y Carlos Alejandro Liz.

La lista de procesados también incluye a Nicolás Kreplak, subsecretario de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia del Ministerio; los entonces funcionarios de planta permanente de Presidencia Alicia Escobar Atencio, Claudia Angela Esteban, y Carlos Tejada. Además están los dueños de las empresas que ganaron la licitación Martín Miranda y Virginia Espinel Nobile (Deltas Obras y Proyectos SA); María Victoria Flores y Evangelina Gamero (Compañía Comercial Narciso SRL), entre otros.

El descargo de Aníbal Fernández

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, procesado ayer por el juez federal Claudio Bonadío, aseguró estar "convencido" de haber actuado ajustado a derecho en la implementación del denominado Plan Qunita y dijo que no tiene "nada que ocultar", al tiempo que sostuvo que "no había razón alguna" para rechazar la licitación porque "en ninguno de sus pasos" el proceso había sido observado o impugnado.

 "Yo quiero declarar en el juicio porque no tengo nada que ocultar", aseveró el ex jefe de ministros en declaraciones formuladas a radio Del Plata poco después de que se conociera la decisión de la Justicia de dictar su procesamiento y el de otros 22 imputados en el marco de ese expediente.

Fernández recordó que se encuentra en trámite judicial un planteo de "nulidad" que hacia fin de año él presentó en la causa, a la que consideró "plagada de irregularidades". No obstante, reconoció que, más allá de su planteo, sobre el que deberá pronunciarse la Cámara Federal, el magistrado puede avanzar con el expediente e incluso tomar medidas como las de ayer, consistentes en 23 procesamientos sin prisión preventiva, embargos hasta alcanzar los 440 millones de pesos y la falta de mérito para nueve imputados. De todas maneras, anticipó que apelará su procesamiento y evitó polemizar o criticar las decisiones adoptadas por el magistrado al señalar que esas cuestiones debe "discutirlas en el ámbito apropiado", es decir en el marco del expediente en el que dijo querer "declarar".

En la declaración indagatoria que prestó en noviembre pasado, el entonces jefe de Gabinete había expuesto los mismos argumentos que enumeró ayer: la "presunción de legalidad de los actos administrativos" y la "teoría de los actos coligados. La teoría de los actos coligados hace que se pueda impugnar la licitación en cualquiera de sus pasos y, en este caso, todos opinaron que estaba bien.

No hubo ninguna impugnación en este expediente y va de suyo que yo no voy a revisar estas cosas sino que trabajamos con lo que dice el expediente", aseveró Aníbal Fernández.

Al margen de este argumento, el ex jefe de Gabinete se defendió también diciendo que "incluso", la apertura de sobres en el marco de la licitación para la adquisición de los productos para el kit para el recién nacido y la madre se había realizado "antes de que asumiera" su cargo.

Ocaña: "Se montó un negociado sobre una buena idea"

La legisladora porteña Graciela Ocaña consideró "escandalosa" y "una verdadera vergüenza" la implementación del Plan Qunita y sostuvo que se trató de "un negociado enorme que se montó sobre una buena idea".

"Fue una verdadera vergüenza en la que intervinieron altos funcionarios en el armado y, después, en el pago", aseveró la diputada por Confianza Público en declaraciones formuladas a Radio La Red, luego de que se conociera el procesamiento de 23 imputados en el expediente que investiga presuntas irregularidades y sobreprecios.

Ocaña, denunciante en esa causa, afirmó que no sabe "quién dio la orden", pero sí que "todo el mundo conocía que esto tenía sobreprecios y que era un negociado". "Esto se pergeñó desde lo más alto de la Casa Rosada, que dio orden de armar así la licitación, y sectores de La Cámpora han tenido intervención en esto?, disparó la diputada porteña en la entrevista que concedió por la mañana.

Así lo hizo luego de que se conociera la decisión del juez federal Claudio Bonadío de disponer el procesamiento sin prisión preventiva de 23 imputados, entre ex funcionarios, como el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y los ex ministros de Salud Daniel Gollán y Juan Manzur, actual gobernador de Tucumán, y empresarios. "Se trató de una buena idea, porque todos podemos coincidir que es bueno que se de a los chicos más humildes la posibilidad de tener un ajuar, pero lo que no se puede admitir es que, sobre esta idea buena, se haya montado un negociado enorme".