Revelan que el 60,4% de los desaparecidos era de la clase trabajadora

El informe de la Comisión Nacional sobre Desaparecidos (CONADEP), creada el 15 de diciembre de 1983 por el presidente Raúl Alfonsín, plantó las bases de la distribución de los desaparecidos por profesión u ocupación.

Esa comisión asesora tuvo como propósito investigar la planificación de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo del Estado, que en rigor se inició en 1975 en el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón.

El nuevo análisis realizado por POPULAR sostiene que al 60,4 por ciento de trabajadores desaparecidos por la represión institucional en la Argentina se arriba a partir de los propios datos de la CONADEP y de versiones posteriores que fueron actualizando la procedencia de las víctimas.

Como se sabe, esa comisión asesora no fue instituida para juzgar sino para indagar sobre la suerte corrida por los desaparecidos, recibiendo miles de testimonios y verificando la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención en todo el país.

En efecto, la distribución de desaparecidos por ocupación de la Comisión Nacional sobre Desaparecidos estableció que el 30,2 por ciento correspondió a obreros, el 17,9 a empleados, el 5,7 a docentes, el 5,0 a autónomos y el 1,3 a periodistas.

Incluso si se le suman los profesionales abarca al 78,2 por ciento de trabajadores desaparecidos, ya que esa franja laboral ocupa el 17,8 por ciento de esa primera evaluación.

“Además del 60 por ciento de los trabajadores, el resto (de los desaparecidos) militaba o eran allegados a organizaciones políticas que consideraban a la clase obrera como el factor hegemónico en un proceso revolucionario”, adujo el secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Victorio Paulón.

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En declaraciones formuladas a este medio, el dirigente gremial afirmó que si amplía el concepto sociológico al ideológico “la inmensa mayoría se sentía identificada con la idea de un movimiento obrero que sea vanguardia en un proceso de cambio”.

Para Paulón, “en la Argentina el poder económico, el poder en serio, los que mandaron siempre, tiene un problema con el movimiento obrero porque no lo pudieron domesticar y en 1976 decidieron acabar con esa historia”.

“Desataron una represión inédita, inimaginable hasta ese momento en nuestro país, que tenía como principal destinatario, como idea, terminar con el movimiento obrero”, sostuvo. Paulón además de secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores, fue titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución que en 1975 enfrentó la intervención de la burocracia sindical encabezada por Lorenzo Miguel. Actualmente además forma parte de la comisión directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Fui parte del comité de lucha del 75 que tuvo una huelga de 60 días contra la intervención de la UOM central de Lorenzo Miguel y que se llamó el Villazo, en Villa Constitución”, recordó.

Dijo que el operativo represivo desplegado en esa ciudad santafesina significó el principio de un proceso nacional que con el golpe del 24 de marzo de 1976 se hizo más sistemático y planificado.

Sobre el 42 aniversario del golpe de Estado, Paulón manifestó que “para mí el 24 de marzo es como la fiesta patria de la democracia” y lo fundamentó en que “está tan ligado el concepto del respeto a los derechos humanos que más allá de los distintos gobiernos se fue arraigando como un sentimiento popular creciente y cada año, cada 24 de marzo, es mayor al anterior”.

“El hecho de que los juicios contra los genocidas tengan que seguir adelante, a pesar de que hay un gobierno que desearía lo contrario, tiene que ver con esa fuerza que tiene el sentido de justicia que anida en nuestra sociedad”, completó.