Política
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El jefe de Gabinete y el ministro de Justicia, Germán Garavano, tuvieron un encuentro con organismos de derechos humanos. Recibieron un documento, pero discutieron temas que son de índole política.
El gobierno recibió a organismos de derechos humanos encabezados por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que dejaron un documento con "demandas" para que "el tema de los derechos humanos siga siendo un tema de actividad y preocupación para el Estado".
La reunión, que no estuvo desprovista de "discrepancias" según relataron sus participantes, contó con la presencia de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y representantes de la agrupación HIJOS, quienes fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
"Le dejamos un documento con los puntos más importantes de nuestras demandas para que el tema de los derechos humanos siga siendo un tema de actividad y preocupación para el Estado y para que no se cambie lo que ya se ha construido y sí se construya lo que falta lo que quedó por hacer", contó Carlotto.
En declaraciones a la prensa efectuadas al término de la reunión, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que "hubo momentos de discrepancia" cuando las agrupaciones expresaron su "preocupación" por "ciertas acciones".
En este sentido, enumeró "los despidos masivos, la detención de Milagro Sala, el achicamiento de ciertos lugares de trabajo en los derechos humanos, el despido indiscriminado sin previa averiguación".
"También se trató la presencia de personas que tuvieron responsabilidades durante el terrorismo de Estado en lugares de decisión", señaló la dirigente y aclaró que se refirieron particularmente al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Edgardo Busetti, a quien sindicaron como "abogado defensor de represores".
A su turno, la líder de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, contó que también le expresaron al Gobierno "la preocupación porque los juicios (a represores) continúen y que se tenga mucho cuidado con a quiénes se está nombrando para que juzguen".
En tanto, Eva Arroyo, referente de la agrupación HIJOS Jujuy, indicó que lo que se planteó en relación con los despidos es "la preocupación respecto de que se achique el personal de esos programas como el de protección de testigos o asistencia a las víctimas".
Consultada por la prensa sobre la respuesta de Peña, Carlotto relató que "fue escuchando y cuando no coincidía expresaba su disenso", al tiempo que indicó que al jefe de Gabinete "no le gustó una palabra que apareció por ahí, en el documento, referida a que nunca más esté el Parlamento cerrado".
Para concluir, Carlotto señaló que concurrieron "a dialogar y no a agraviar" y explicó: "Si hubiéramos sentido el agravio de lo que dijo el Presidente en campaña, que éramos un curro, no hubiésemos venido. Son accidentes que hay que dejarlos pasar".
Por su parte, Garavano calificó el encuentro como "un primer diálogo productivo", señaló que "el Gobierno ratificó la política de Estado en materia de memoria y justicia".
"Le dejamos un documento con los puntos más importantes de nuestras demandas para que el tema de los derechos humanos siga siendo un tema de actividad y preocupación para el Estado y para que no se cambie lo que ya se ha construido y sí se construya lo que falta lo que quedó por hacer", contó Carlotto.
En este sentido, enumeró "los despidos masivos, la detención de Milagro Sala, el achicamiento de ciertos lugares de trabajo en los derechos humanos, el despido indiscriminado sin previa averiguación".
"También se trató la presencia de personas que tuvieron responsabilidades durante el terrorismo de Estado en lugares de decisión", señaló la dirigente y aclaró que se refirieron particularmente al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Edgardo Busetti, a quien sindicaron como "abogado defensor de represores".
A su turno, la líder de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, contó que también le expresaron al Gobierno "la preocupación porque los juicios (a represores) continúen y que se tenga mucho cuidado con a quiénes se está nombrando para que juzguen".
Consultada por la prensa sobre la respuesta de Peña, Carlotto relató que "fue escuchando y cuando no coincidía expresaba su disenso", al tiempo que indicó que al jefe de Gabinete "no le gustó una palabra que apareció por ahí, en el documento, referida a que nunca más esté el Parlamento cerrado".
Para concluir, Carlotto señaló que concurrieron "a dialogar y no a agraviar" y explicó: "Si hubiéramos sentido el agravio de lo que dijo el Presidente en campaña, que éramos un curro, no hubiésemos venido. Son accidentes que hay que dejarlos pasar".
Por su parte, Garavano calificó el encuentro como "un primer diálogo productivo", señaló que "el Gobierno ratificó la política de Estado en materia de memoria y justicia".