Tras anunciar un ajuste que incluyó una devaluación del peso de más del 100%, un aumento de las tarifas de transporte, luz, agua y gas, el congelamiento de los planes sociales y la eliminación de la fórmula de la movilidad de las jubilaciones, el Gobierno anunció ayer el "protocolo anti-piquetes" que pondrá en marcha desde mañana para evitar que las protestas ya anunciadas de las diferentes organizaciones sociales impida al resto de los ciudadanos circular libremente.

"El anuncio ya está hecho: las calles no se toman. Si se toman las calles, habrá consecuencias", dijo Patricia Bullrich al anunciar el protocolo anti-piquetes que incluirá la colaboración de todas las fuerzas de seguridad para evitar los cortes de calles. De inmediato, dirigentes sociales y de izquierda la acusaron de violentar el derecho constitucional de protesta y promover un accionar de las fuerzas al borde de la ilegalidad.

Pero nada de esto afectó los anuncios de la ministra de Seguridad que anunció que las fuerzas federales podrán intervenir de acuerdo a los "códigos procesales vigentes" en las zonas de competencia federal para despejar los cortes totales o parciales en las calles y asegurar la libertad de transitar. "Si hay un delito, las fuerzas federales podrán intervenir en flagrancia", precisó Bullrich.

Esto significa que la policía podrá actuar sin esperar a que la Justicia intervenga primera, y que se actuará según lo establecido en el artículo 194 del Código Penal, que pena a quienes "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare, o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a dos años".

El anuncio de la ministra de Seguridad llegó cuando falta menos de una semana para que se concrete la primera movilización piquetera de gran magnitud con la que lidiará la flamante administración del presidente Javier Milei. La protesta convocada por el Polo Obrero que lidera Eduardo Belliboni, está prevista para el miércoles 20 de diciembre en el centro porteño.

"La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple", dijo Bullrich. Y precisó que las cuatros fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria) podrán intervenir frente a piquetes parciales o totales de la vía pública. Podrán sumarse los integrantes del Servicio Penitenciario Federal, que Milei traspasó del Ministerio de Justicia a la órbita de la cartera de Seguridad.

La ministra de Seguridad detalló el nuevo protocolo y explicó que "serán identificados los autores, cómplices e instigadores" de los piquetes o bloqueos bajo jurisdicción federal. También los vehículos o micros y conductores que trasladen a los manifestantes. Se procederá a incautar los autos que estén en infracción o sin documentación, dijo. Y avisó que habrá fuertes controles en el transporte público para incautar palos o pañuelos para no ser identificados. También se penará el "daño ambiental" por la quema de cubierta. Y adelantó que en caso de que haya niños en el corte, se notificará a las autoridades a cargo de la protección de menores, para avanzar con sanciones a los padres o "quienes los lleven".

"Sin orden no hay libertad", dijo Bullrich. Y recordó una frase del presidente Milei al asumir: "El que corta, no cobra". Se refería a que quienes corten calles no cobrarán su plan social. Por eso, Bullrich precisó que su cartera no sólo informará a la Justicia de los delitos, sino también a las dependencias o autoridades pertinentes.

Esto significa que, si bien ella no podrá quitarles los planes a quienes corten calles, sí podrá informarme al Ministerio de Capital Humanos quiénes fueron identificados para que aplique las sanciones correspondientes. Lo mismo ocurrirá para la incautación de los vehículos o micros que participen en las marchas.

Además, Bullrich adelantó que a los involucrados en los piquetes -ya sean individuos, organizaciones sociales o gremios con personería- se les demandarán los costos de los operativos de seguridad por los cortes.

Los anuncios realizados por el ministerio de Economía y el de Seguridad en estos primeros días de gobierno, explican la intranquilidad y la molestia de Mauricio Macri, quien no estuvo de acuerdo con que Bullrich y Caputo se hicieran cargo de esas áreas. "Ahora vamos a ser los responsables del ajuste y la represión", dijo a sus allegados el ex presidente apenas se conocieron las medidas. Habrá que esperar a la semana que viene para saber si se equivocó, al menos en lo que respecta a la represión.

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