A la hora de plantear las frustraciones de su primer año y medio presidencial, Mauricio Macri pone en primer lugar la falta de inversiones, que genuinamente esperaba se derramaran en el país con el solo cambio de gobierno. En ese mismo contexto pone al empresariado argentino, del que esperaba una mejor respuesta, aunque en este caso siempre tuvo las prevenciones que le despiertan quienes fueron sus pares, por haber crecido en ese ambiente.
La lista es larga, pero en ella la cuestión judicial tiene para Macri un lugar preponderante; ahí una y otra vez fallaron los planes para alcanzar una renovación que cree indispensable. Convengamos que arrancó con mal pie, proponiéndose completar por decreto la composición de la Corte Suprema, tal vez uno de los despropósitos más recordados de su administración. La frustración más grande allí es no haber podido eyectar a Alejandra Gils Carbó de su cargo, una obsesión que el Presidente no se preocupa de ocultar. Pero no fue lo único que no pudo lograr ahí... Hasta esta semana.
La suspensión de Eduardo Freiler promete ser un punto de inflexión en la materia. Varias veces tuvo falsas señales el gobierno de que podría avanzar contra determinados magistrados, pero siempre esas embestidas quedaron en el camino. La última fue precisamente contra el camarista ahora suspendido, cuando un consejero que había dejado trascender su disposición a votar la suspensión, terminó volviendo sobre sus pasos. Probablemente haya logrado subirse el precio con ese amague.
Habrá que reconocerle al oficialismo el mérito de la paciencia. Fue la que tuvo para dejar congelada la situación de Freiler hasta que cambiara la relación de fuerzas, cosa que sucedería tarde o temprano. Pero como trasfondo inocultable estaban las elecciones; el resultado de las mismas y su particular interpretación serían decisivos a la hora de generar un cambio de clima en ese y otros temas pendientes.
El resultado de los comicios fue el soñado, más allá de que la dicha oficialista no haya sido completa y termine en dos semanas con la confirmación de un escueto triunfo bonaerense de Cristina Kirchner, como ha trascendido de las propias fuentes oficiales. Celebrará el kirchnerismo, servirá para alimentar su épica, pero lejos está del triunfalismo que proclamaban en la previa y aun el día de la elección. Si hasta le servirá a Cambiemos ese resultado -admiten en Casa Rosada y la Gobernación- para atraer adhesiones que no tuvo en las PASO, dispuestas ahora a contribuir al “voto útil” para evitar un triunfo de la ex presidenta.
Temía el gobierno que el resultado de las PASO se prestara a diversas interpretaciones. Se sabía que Cambiemos sería la fuerza más votada en todo el país, y descontaba triunfos en muchos de los principales centros urbanos, pero esos argumentos se desinflaban en función de lo que fuera a suceder en la provincia de Buenos Aires. El resultado cerrado y la difusión de los datos del escrutinio que mantuvo siempre a Esteban Bullrich al tope, sirvieron para recrear la sensación de un triunfo virtual. Los berrinches del kirchnerismo cuestionando un manejo tendencioso del escrutinio tienen gusto a poco para ellos mismos. El primer efecto tangible del “triunfo” de Cambiemos se dio en los mercados. Pasa aquí y en la China, si allí hubiera elecciones democráticas. Los mercados suelen reflejar el sentimiento de los que manejan el dinero frente a un resultado electoral, y el efecto más notorio aquí fue la baja del dólar, que había generado tensión e irritación -no exenta de perplejidad- dentro del propio oficialismo en las últimas semanas.
Al respecto, en el kirchnerismo tienen su propia interpretación de lo sucedido. Ellos dicen hoy que en la previa le asignaban a Cambiemos un 31% de intención de voto, que se estiró a expensas de Sergio Massa. Para gente que tiene diálogo con Cristina Fernández, el desplazamiento de los votos del tigrense “tuvo que ver con el miedo al dólar”. Ergo, deslizan que el sorpresivo crecimiento de la divisa norteamericana en las semanas previas a las PASO fue alentado de manera deliberada. Con ese nivel de reservas es inaudito que se les escapara, sugieren, para concluir, ante la insistencia de una definición taxativa, que el valor del dólar “fue manipulado igual que el resultado electoral”.
Hay más señales del cambio de clima. Dispuesta a no darle tregua al gobierno, la oposición había solicitado oportunamente sesiones especiales en ambas cámaras para la semana siguiente a las PASO. No es habitual que el Congreso se reúna ni la semana previa a una elección, ni en la posterior, pero en este caso el kirchnerismo pensaba avanzar con los tapones de punta contra un gobierno que imaginaba trastabillando tras su primera elección intermedia, tratando en ambas cámaras la derogación de sendos decretos de necesidad y urgencia. Recordemos que no hay antecedentes de un gobierno al que hayan conseguido voltearle un DNU en el Congreso, pero la relación de fuerzas y las circunstancias hoy hacen eso probable. Sin embargo, conforme el resultado electoral, ambas sesiones fueron levantadas.
En la Rosada se ilusionaban con que la CGT levantara la marcha prevista para este martes 22. Buena parte de la central sindical ya ponía reparos aun antes de las elecciones, ni qué decir tras el resultado. Sin embargo, prevaleció la postura de los que sostienen que no había espacio para dar marcha atrás con la movilización, que cuenta con la previsible adhesión de las dos CTA y los movimientos sociales, todos hostiles al gobierno.
La confirmación de la movilización generó fastidio oficial, pero no dejan de verle el lado positivo: la marcha del 7 de marzo fue parte de una serie de manifestaciones anti macristas que el gobierno terminó capitalizando en el recordado 1A. Hoy no hay ningún sindicalista cuya imagen sea taquillera como para generar preocupación oficial.
No se espera tampoco que haya espacio para anunciar un paro contra un gobierno que acaba de ganar las elecciones, si bien el kirchnerismo insiste en que Cambiemos quiso plebiscitar la gestión y el resultado fue que “2 de cada 3 votantes le dijeron no al ajuste de Macri”.
Envalentonado, el Presidente anunció en su discurso en Costa Salguero que “empezamos a recorrer los mejores 20 años de la historia del país”. Algunos interpretaron la frase como un exceso de quien hasta hace algún tiempo se limitaba a pensar en la reelección en 2019. Para interpretar sus dichos habría que remontarse tal vez más allá, a cuando en febrero pasado el Presidente también habló de “20 años”, pero como el tiempo de “crecimiento continuo” que necesita el país “para sacar a todos los argentinos de la pobreza”.
Con todo, y más allá de eventuales reelecciones y resultados a ratificar en octubre, lo cierto es que el dato histórico que parecen haber marcado estas PASO es la certeza de que por primera vez en 70 años un gobierno no peronista se perfila para terminar su mandato en tiempo y forma. Para lo cual es un dato determinante ganar las elecciones intermedias.
Necesitará más que eso: que la economía mejore; que los brotes verdes se consoliden; no reiterar errores. Pero amén de ello, y en la convicción de que la economía estará mejor en octubre que en agosto, comienzan a delinear el tipo de campaña que encararán para las generales, y analizar las reformas que implementarán una vez confirmado lo que adelantaron las PASO.
Buscarán aprovechar el efecto electoral para avanzar con gestos de autoridad como el que consideran haber dado en la semana en el Consejo de la Magistratura. No fue un dato menor, estiman, sobre todo en el contexto de un Poder Judicial demasiado atento a lo que pasa en las urnas para actuar en consecuencia. Irán por más. El mismo día en que el oficialismo lograba suspender a Freiler -un juez que en 5 años incrementó su patrimonio en 17 millones de pesos-, un fiscal pedía el pase a juicio oral de otra de las causas de Amado Boudou, mientras que el Tribunal Oral Federal Nº 4 de esta Capital fijaba el 27 de septiembre como fecha de inicio del juicio oral contra Julio De Vido por la Tragedia de Once. Un mes antes de las elecciones.
El veredicto no saldrá en breve, así la justicia se ponga las pilas. El anterior juicio que condenó entre otros a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi duró 22 meses; tal vez la eventual condena salga para las presidenciales. Ni siquiera habría que forzar el desafuero del ex ministro, que estará concluyendo entonces su mandato como diputado.
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