Una mesa judicial informa a Macri sobre Maldonado

Según se pudo saber, aún permanece en la ciudad chubutense Daniel Barberis, de Transparencia Institucional del ministerio de Seguridad, este último quién ya había encabezado la lectura del cuestionario a los agentes de Gendarmería que habían participado del desalojo de la ruta 40 tomada por la comunidad mapuche de Cushamen. Ese interrogatorio en sede administrativa no había arrojado ningún dato significativo que vinculara a los uniformados con la desaparición de Maldonado, tal como sostiene la familia de la víctima y los organismos de DD.HH. desde el comienzo.

Preguntas a gendarmes

Pero ayer, según pudo confirmar este diario de una importante fuente gubernamental, funcionarios de Seguridad volvieron a preguntar a los gendarmes sobre lo sucedido durante el procedimiento. La novedad se conoce en momentos en que el juez del caso, Guido Otranto, autorizó un rastrillaje sobre las márgenes del río Chubut, aguas abajo del predio mapuche, a fin de descartar que el cuerpo del artesano se encuentre en esa zona.

Pese a que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde un principio respaldó a la fuerza, ahora se conoció que se busca algún ‘bache’ entre los dichos de los uniformados que pudieran comprometerlos con el caso. Parecería que la pesquisa, de a poco, intenta seguir la pista que apunta a los gendarmes como responsables de la ‘desaparición forzada’ que tanto declama la querella desde hace más de un mes.

A tono con la nueva actitud frente al caso que demuestra desde comienzos de semana, luego de un mes de una calculada pasividad oficial en torno a la causa, ayer en Casa Rosada se llevó a cabo una ‘mesa judicial’ para interiorizar al presidente sobre el expediente.

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En verdad, Macri encabezó la reunión de coordinación del ministerio de Justicia que se realiza cada mes pero el tema Maldonado se llevó toda la atención. El ministro Germán Garavano y otros asesores le informaron al jefe de estado sobre el estado de la causa judicial.

A última hora del miércoles regresaron a Buenos Aires los ‘enviados’ oficiales a Esquel: Santiago Otamendi, viceministro de Justicia, y Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos y a quien ese día se le había escapado que ‘la hipótesis (que vincula a) Gendarmería es la más importante’; más tarde se desdijo.

Lentitud de la causa

Lo cierto que ayer los funcionarios le contaron a Macri pormenores sobre la causa que sustancia Otranto. ‘Va lenta: a otra velocidad que el día a día que vemos en Buenos Aires -relató una fuente consultada-. Es un juez de carrera pero le falta infraestructura: la fiscal Silvana Avila en realidad es secretaria de juzgado y su secretaria, es la mujer de Otranto’.

En el oficialismo destacan que, hasta el momento, el magistrado federal no pidió más recursos a la Corte Suprema para incorporar más funcionarios en una causa tan delicada.

En este contexto, Otranto requiere más testigos para apuntalar la investigación -el testimonio de Matías Santana, que dijo haber visto por binoculares la captura de Maldonado, ‘está plagado de inconsistencias’- y recién ayer autorizó un allanamiento por fuera de la comunidad mapuche. ‘Tiene miedo que se produzcan hechos de violencia’, alertaron fuentes oficiales. Empero, el magistrado necesita pruebas para reforzar una hipótesis que sustente su pesquisa: aún se tramita un exhorto vía Cancillería para conocer datos de las llamadas de un celular del artesano activado en Chile y se esperan los resultados de ADN levantados en camionetas de Gendarmería. En síntesis, faltan indicios en el expediente para que el juez pueda avanzar contra los uniformados.i