Una semana cargada con los pedidos de excarcelación

Zannini fue el último de los presos del caso en ingresar a un penal del Servicio Penitenciario Federal (SPF), algo que se concretó ayer tras su arribo en avión desde Río Gallegos al aeroparque metropolitano Jorge Newbery para ingresar, poco antes de las 7, a la alcaidía de los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002.

También estuvo en los tribunales su abogado Mariano Fragueiro Díaz, quien anticipó que se apelará el procesamiento dictado por el juez federal Claudio Bonadio, en una resolución en la que ordenó la prisión preventiva para Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y pidió el desafuero de la ex presidenta y senadora electa Cristina Kirchner para poder detenerla.

El escenario judicial de la investigación por la denuncia del fallecido fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman alternará, la semana que se inicia, entre el juzgado de Bonadio y el segundo piso de los tribunales federales de Retiro, sede de la sala II de la Cámara Federal porteña, instancia de revisión de lo resuelto por el magistrado que procesó con prisión preventiva y pidió el desafuero también de la ex presidenta y senadora electa Cristina Kirchner.

Uno de los primeros recursos que llegará ante los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah será el rechazo a conceder la excarcelación del detenido dirigente Luis D’Elía, resuelto por Bonadio con el aval del fiscal del caso, Eduardo Taiano, en base a la gravedad del delito y los argumentos usados al dictarle la prisión preventiva, referidos a condenas anteriores y posible entorpecimiento de la investigación.

El abogado de D’Elía, Adrián Albor, presentará esta semana certificados médicos para intentar que el juez le conceda el arresto domiciliario, pero al mismo tiempo podrá ir a la Cámara para intentar obtener la excarcelación.

Por otra parte, en el juzgado de Bonadio deberán presentarse entre lunes y martes los seis procesados sin prisión preventiva en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán para notificarse, en persona, de esa decisión, del embargo en su contra y cumplir los trámites referidos a toma de huellas digitales y entrevista socioambiental, según resolvió el juez.

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Se trata de los ex funcionario de Cancillería, Eduardo Zuain; ex subsecretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena; ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y del diputado Andrés “Cuervo” Larroque y el supuesto intermediario en las maniobras Ramón Allan Bogado.

Abbona y Mena fueron embargados por 50 millones de pesos mientras que Zuain, Larroque, Parrilli y Bogado por 35 millones.

Bonadio procesó a doce acusados por esos delitos vinculados a lo que consideró fue un “plan criminal” para dar impunidad a los buscados por el atentado mediante la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán.

En el caso de Cristina Kirchner, su abogado defensor Alejandro Rua, anticipó que desistirá de apelar el procesamiento aunque si recurrirá la prisión preventiva que se le dictó, al igual que con su otro cliente, el ex canciller Héctor Timerman, quien fue beneficiado con prisión domiciliaria por razones de salud.

La defensa de Zannini, sí apelará el procesamiento con preventiva dictado por Bonadio, un recurso que deberá ser resuelto por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah. En cuanto a Fernando Esteche y Jorge Khalil, su defensor Fernando Burlando también recurrirá a la instancia de apelación contra la prisión preventiva y los procesamientos.

Bonadio rechazó el pedido de D’Elía por ser diabético

La defensa del dirigente piquetero y fundador del partido MILES, Luis D’Elía, fue la primera que se presentó ante el juez federal Claudio Bonadio a solicitar la eximición de prisión o bien la reclusión domiciliaria de su representado.

¿Las razones? Es sabido que D’Elía padece de diabetes desde hace muchos años y que debe cuidarse en su alimentación e incluso estar con la medicación adecuada a su condición de salud. Sin embargo, el juez federal que el jueves ordenó su detención y su procesamiento por traición a la patria y encubrimiento en la causa por los 85 muertos en el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, rechazó el pedido.