Venezuela, ¿una afrenta a la democracia por la OEA?/ Por Gerardo Enrique Vega

La decisión del 31 de julio de 2024 es incompatible con los principios y espíritu con que nació este organismo en 1948, en Bogotá, expresado esos conceptos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y, luego, sucesivos instrumentos reiteraron, pergeñaron, afirmaron y difundieron ese espíritu, en el ámbito de latinoamericano y en otros confines del planeta.

Los instrumentos que ameritan mencionarse son la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969); la Carta Democrática Interamericana (2001), entre otros. El Preámbulo de la Declaración de 1948 señala en su inicio “…los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”. Los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se manifiestan en similares términos

Esta expresión indica la finalidad de todo organismo supranacional y de todo Estado: ambos son creaciones del ser humano, para protegerse de aquellas circunstancias que, por sí mismo, no puede hacerlo. Los ordenamientos de esta naturaleza posibilitan orden, progreso y vida. La inexistencia es desorden, anarquía, vida indigna; de allí la importancia de su existencia.

Sin embargo, cuando el obrar de las gobernanzas estatales transitan caminos equívocos, y prevalece el individualismo, el absolutismo, la negación de los intereses de las sociedades; la persona común debe clamar ante los estrados internacionales, porque son estos quienes deben dar repuestas en aras de recuperar el respeto a la ley y el respeto a las instituciones y la consecuente vida humana diga. Estas circunstancias separan la convivencia razonable de la “ley de la selva”.

Los instrumentos citados han reconocido los derechos cívicos (1) por ser atributos humanos a proteger por los Estados y por los órganos supra nacionales como la OEA.

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María Corina Machado al frente de la manifestación en la capital de Venezuela que reclama la victoria en las elecciones

El rol de la OEA en la crisis venezolana

La OEA enfrenta, como máximo organismo del continente americano, la crisis venezolana, un país, que ha provocado una inmigración de 8 millones de venezolano diseminados en el mundo y, acogido por distintos países, haciendo gala, con sus más y sus menos, de la solidaridad humana.

El proceso electoral mostró numerosas irregularidades, advertidas y hecha a conocer por los líderes políticos opositores de Venezuela. Las elecciones, con gran esfuerzo de la oposición, pudieron realizarse en orden y pacíficamente, sin embargo, la actual gobernanza mostró las ansias de prevalecer y perpetuarse en el poder al enunciar el órgano electoral (CNE), luego de una extensa demora, más de 6 horas de culminado el acto electoral, un resultado insólito, contrariando las expectativas de la población de este país y de todo Latinoamérica, El actual gobierno venezolano se burló de la democracia.

Las naciones latinoamericanas, Ecuador, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, en el marco del derecho, exigieron “la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes”. Se elaboró un documento donde se plasmaba el espíritu de esa petición, sin embargo, al someterse a votación, solo 17 de los miembros de la OEA apoyaron la iniciativa, el resto se abstuvo o no concurrió.

La crisis requiere decisiones ya que es el medio para solucionarla. La abstención o la omisión, frente a situaciones trascendentales es inadecuada, porque se está obviando remediarla. Por lo tanto, estas conductas, asumidas por distintos países en el seno de la OEA, amerita el repudio absoluto de todos los americanos democráticos; más cuando la crisis cobra vidas humanas.

¿Se quebró la protección de los seres humanos por la OEA?

Esta realidad, ante los sucesos post electorales que vive Venezuela provoca reflexiones muy serias, y cabe preguntarse ¿Se quebró la protección de los seres humanos por la OEA? El interrogante emerge, porque cuando median vidas humanas truncadas; cuando hay violaciones sistemáticas de las cláusulas convencionales; cuando existen riesgos para personas exiladas; cuando los derechos, las libertades y las garantías son afectadas; surgen estos interrogantes, porque ¿Qué les queda a los venezolanos si el poder los avasalla y es inmune a las exhortaciones internacionales? Especialmente, cuando organizaciones prestigiosas como el Centro Carter, presente en la elección reprobaron los resultados electorales.

Aristóteles dijo “el ser humano, cuando alcanza su perfección es el mejor de los animales, así también, fuera de la ley y la justicia es el peor de todos”; o la referencia al ejercicio del poder expresada por Montesquieu “ todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar, yendo hasta donde encuentra límites”.

Estas expresiones dejan en claro que la mayoría de los seres humanos es proclive al orden; sin embargo, hay minorías insignificantes, que tienen inclinaciones reprochables, éstos, decía Hamilton, son “ambiciosos, vengativos y rapaces” y se abrazan al poder espurio, basado en la represión, en la corrupción, en la negación de la ley, en el desconocimiento de las instituciones, y solo derraman miseria y vida indigna, cuando tienen la obligación de proteger a los seres humanos.

Estas particularidades motivaron el surgimiento de órganos como la OEA, e instrumentos supra nacionales como los citados. Por eso, la decisión del 31 de julio es contraria a ese ideario, construido por el hombre con motivo de los tristes sucesos de la primera mitad del siglo XX. Ese pronunciamiento provoca preocupación porque la respuesta a los hechos venezolanos, significa, para el hombre común latinoamericano, que solo le queda sus propias fuerzas.

Las críticas elevadas por los representantes de algunas de las naciones presente merecen citarse porque están calando hondo en el ideario americano, porque advierten y con razón la degradación en que se incursiona cuando esto sucede.

El Ministro de Exteriores de Perú, Javier González –Olaechea mostró su indignación cuando advirtió sobre el futuro al expresar “Los jóvenes nos repudian porque no somos coherentes, decimos una cosa y venimos acá y nos abstuvimos”; y agregó “Después nos preguntamos porque nuestros ciudadanos, y especialmente nuestros jóvenes, no nos creen a los políticos”; para, y en relación a las responsabilidades por los fallecidos “los 17 que votamos no somos responsables, que cada uno en su conciencia asuma la responsabilidad”. A ello se agregó el par uruguayo, Omar Paganini, al señalar “No comprendemos cómo no hay acuerdo sobre una resolución tan clara, sobre temas básicos. Este organismo debería irse hoy muy avergonzado”.

Estas expresiones están marcando que decisiones como esta propician el quiebre de estas instituciones reserva de protección de los derechos y libertades de los hombres.

El pronunciamiento, pudo haber tenido otra redacción, y quizás otro hubiera sido el resultado, creo que al estar en juego la vida, las formas son meras excusas, aquí hubo un órgano que, por abstención o incomparecencia negó el derecho a la vida. Más aún, cuando la petición es simple: mostrar las actas que acreditan los resultados.

Por ello, los ciudadanos del mundo, y de América, tierra prometida y de esperanza, como la propiciaron los héroes de la independencia, debemos bregar por recuperar la vigencia plena y efectiva de estos órganos internacionales que posibiliten las vías y los mecanismos para poder lograr la convivencia humana, y el ser humano sentirse protegido. La actualidad y las generaciones futuras nos los demandan.

Gerardo Enrique Vega es Contador Público UNLP, Magister en Derecho UA.

(1) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 20; Declaración Universal de los Humanos, artículo 21; Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 25; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23