YPF: una denuncia  contra Cristina y Eskenazi podría jugar a favor de Argentina

El abogado Fernando Irazu, representante de la fundación Republican Action for Argentina, confirmó que la presentación fue hecha el pasado 17 de febrero y que la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio.

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"Las partes, incluyendo el Estado argentino e YPF, tienen hasta el martes 25 para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos", señaló Irazu.

La causa

El 2023, Preska condenó al Estado argentino por la decisión en 2012 de expropiar a la española Repsol el 51 % de las acciones en YPF sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera de Argentina.

El caso se inició en 2015, cuando la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionaria del 25 % en YPF al momento de la nacionalización y que no tomó parte del juicio en Nueva York.

Burford y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

Argentina argumentó durante el juicio que la ley de nacionalización de YPF aprobada por el Parlamento en 2012 por impulso del entonces Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) le impedía al Estado adquirir acciones adicionales.

En su presentación, Republican Action for Argentina pidió la jueza la suspensión del proceso, la nulidad del fallo y que se inicie una investigación criminal contra los demandantes y el resto de las partes involucradas, incluyendo, entre otros, a Cristina Fernández y a la familia Eskenazi.

Según denuncia la fundación en su presentación, en 2008 "la familia Kirchner obligó" a Repsol a vender "un 25 % de YPF a la familia Eskenazi", la cual, después de la nacionalización de 2012, no pudo afrontar el pago de los préstamos tomados para ingresar a YPF y las empresas del grupo Petersen quebraron en España.

En el escrito se afirma que la familia Eskenazi celebró luego un acuerdo con Burford y Eton Park para financiar y proseguir el costoso reclamo judicial "y finalmente dividir la indemnización de más de 16.100 millones de dólares".

Irazu cuestionó que este accionar "sea garantizado, en última instancia, mediante un fallo judicial de los Estados Unidos", por lo que pidió su nulidad.

Respuesta

El presidente Coalición Cívica ARI y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, advirtió a través de su cuenta en la red social X, que el Gobierno debe responder con celeridad a la consulta abierta por la jueza Preska, que podría derivar en una situación favorable para el país en la demanda por la privatización de YPF.

“Gracias a la presentación de la ONG Republican Action for Argentina y a la denuncia de @elisacarrio y la Coalición Cívica, que el juez Ariel Lijo mantiene cajoneada desde hace años sobre el vaciamiento de YPF, la jueza Loretta Preska podría revocar su fallo contra la Argentina por 16.000 millones de dólares”, escribió el legislador.

“Es fundamental que el Gobierno nacional actúe con responsabilidad y presente una respuesta antes del 25 de febrero. Está en juego la defensa del patrimonio de los argentinos frente a la corrupción y la desidia”, añadió.

Se indicó que la jueza estadounidense Loretta Preska abrió una consulta a las partes del proceso para consultarlos sobre una " denuncia que aterrizó en su escritorio y podría llevarla a anular su fallo. La Argentina tiene tiempo hasta este martes para responder al tribunal”.

En ese sentido, la diputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Marcela Campagnoli, sostuvo a través de la misma red social: “Esperemos que el gobierno @JMilei e @YPFoficial contesten antes que venza el plazo que les dio la jueza Loretta Preska para el 25/2. Si lo hacen tengo fundadas esperanzas q se revoque el fallo contra Argentina. Lo que significaría un ahorro de casi 17.000 millones de u$d”.