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Ante la paralización dispuesta por Nación de las obras y la decisión judicial de poner fin a su intervención y archivar la causa, recurrieron a la Defensoría del Pueblo Bonaerense para aunar esfuerzos y encarar acciones.
Alertados por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de poner fin a su intervención en la Causa Mendoza como supervisora del cumplimiento del fallo que ordenaba el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, referentes de distintas organizaciones ambientales y sociales se reunieron con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, para analizar la situación y determinar los pasos a seguir para evitar "un desastre" ambiental en los 14 distritos que conforman la cuenca y que afecta a 5 millones de habitantes.
Del encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Defensoría, participaron miembros de los foros hídricos de Lanús y de Lomas de Zamora, del Espacio Intercuencas, y vecinos de los barrio 14 de Noviembre de Almirante Brown y Campo Unamuno de Fiorito, además de varias entidades de Avellaneda. De la reunión también formó parte el secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda del organismo provincial, Alejandro Rusconi. Los referentes de Esteban Echeverría y Ezeiza no pudieron llegar a causa del paro de transporte.
A la velada preocupación generada por la decisión del máximo tribunal y las graves consecuencias que implica la detención de las obras por falta de financiamiento del gobierno nacional, se conoció que el Juzgado Federal número 2 de Morón, encargado de llevar adelante la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema, archivó la causa, "quedando sin efecto todos los plazos procesales vigentes y las presentaciones periódicas oportunamente ordenadas".
Asimismo, el Tribunal transmitió que "serán remitidos individualmente en el estado en que se encuentran a sus jueces naturales o a la Secretarías de Sorteo de las Cámaras que por territorio correspondan", por lo que el caso ya no tendrá una consideración federal.
En diálogo con este medio, Sergio González, del Foro Hídrico de Lanús, explicó que "pedimos la audiencia con el Defensor del Pueblo Bonaerense para poder hacer frente a este panorama complicadísimo que se nos presenta con la paralización de las obras y las decisiones de los jueces de la Corte Suprema y ahora del Juzgado de Morón".
Al margen de que varias de las organizaciones, e incluso Beatriz Mendoza (la causa que llegó a la Suprema Corte lleva su nombre), han realizado presentaciones judiciales para que la causa se mantenga en el fuero federal y evitar el cierre de la causa sin el efectivo cumplimiento de la sentencia dictada.
Durante la reunión en la Defensoría convinieron conformar una Mesa de Trabajo junto a la Defensoría del Pueblo. Entre las acciones que se plantearon figuran enviar notas a los organismos internacionales que otorgaron financiamiento para obras sanitarias y de saneamiento que quedaron inconclusas, para que audite al gobierno nacional y determinen cuánto se gastó y cuál es el remanente, ya que ese dinero tiene como fin exclusivo la realización de esos proyectos.
Además, comenzarán a tomar contacto con las catorce universidades nacionales, con los gobiernos municipales y concejos deliberantes para que se expidan al respecto.
Entre los principales problemas señalaron tanto las viviendas sociales inconclusas como las redes cloacales y de agua potable sin terminar, además de la suspensión de las tareas de limpieza que realizaban las cooperativas en las márgenes de los arroyos y del río, y qué sucederá con las Unidades Sanitarias Ambientales.
"La postura del gobierno nacional es de una irresponsabilidad absoluta, porque pone en riesgo a millones de personas que ven afectada su salud al no haber ningún tipo de control ni intervención del Estado", indicó Lorenzino, que brindó un amplio respaldo a los vecinos.
Además, aclaró que las obras cuentan con financiamiento asignado, por lo que "no se entiende el motivo por el cual dejan sin protección a tanta gente que lo necesita".
González, por su parte, señaló que de esta manera todo recaería sobre la (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un organismo al que le siguen reduciendo el presupuesto. "No vamos a bajar los brazos porque está en juego la salud y la calidad de vida de 5 millones de bonaerenses", reafirmó el dirigente ambiental.