Intendente de Cambiemos envuelto en una polémica

Todo se inició el 18 de julio del año pasado, cuando el secretario de Legal y Técnica comunal, Alberto López, comenzó el proceso para alquilar dos lotes que le pertenecen a María Eugenia Ortega, la esposa de Juan José Kubar, primo del jefe comunal.

En un principio, por las dos propiedades -una de mayor tamaño ubicado sobre Bernardo de Irigoyen 654 y otra en Carlos Pellegrini 655- se iban a pagar más de 3 millones de pesos durante tres años. Sin embargo, ante la presión del Concejo Deliberante local, el monto final terminó siendo de 2.085.450 pesos, aunque sólo hasta el 31 de diciembre de 2018, con cuotas que arrancan en casi 70 mil y trepan hasta más de 100 mil.

Si bien en el expediente Nº 4050-0187935 no consta una tasación oficial de la vivienda, se estima que la misma está valuada en alrededor de seis millones de pesos, con lo que la familia del intendente recuperaría un tercio de lo que invirtió al adquirirla, presuntamente el año pasado.

En el contrato se expresa que el municipio de General Rodríguez pagará por la casa 6 cuotas de 69.575 pesos (un total de 417.450) entre enero y junio de este año; otras 6 de 80 mil pesos (480 mil final) entre julio y diciembre; 6 cuotas más entre enero y junio de 2018 por 92 mil pesos (552 mil en total); y unas últimas 6 de 106 mil pesos (que asciende a 636 mil) desde julio hasta diciembre del año próximo, cuando vence la transacción. La suma final se transforma en 2.085.450 pesos por dos años de usufructo.

Según puede leerse en el documento, el lote más grande cuenta con 12 oficinas, 6 baños y una cocina, mientras que el más pequeño tiene otras 3 oficinas, un baño y una “kichinet”. Además, cuenta con varias comodidades como equipos de aire acondicionado, calefactores y un quincho con pileta y parrilla. En total son 450 metros cuadrados.

Paso a paso

La maniobra comenzó el 18 de julio, cuando el secretario de Legal y Técnica, Alberto López, le envió las condiciones a la Directora de Mesa General de Entradas, Verónica D’Angelo.

Una semana después, el siguiente paso lo dio el secretario de Economía, Cristian Manuel Brilloni, solicitando la tasación al Centro de Martilleros para establecer el valor de referencia.

Luego de presentada la tasación y el croquis, firmadas por las martilleras Elida Ovide Pintos y Marta Liliana Grosso, López giró el proyecto al contador municipal, Fernando Aguirre, para que asigne las partidas presupuestarias de los alquileres.

El 10 de agosto, López presentó el proyecto de ordenanza, argumentando que el edificio servirá “para un mejor desempeño, atento al flujo de personas a atender diariamente”. El mismo día, Kubar instó a la presidenta del Concejo Deliberante, María Silvana Klajnberg a continuar con el tratamiento de la iniciativa.

Una semana más tarde, la Comisión de Interpretación de Legislación y Reglamento resolvió por unanimidad su pase a Presupuesto y Hacienda, con las firmas del presidente de la comisión, Carmelo Maslowski, y su secretario Francisco Pin.

A su vez, la de Presupuesto y Hacienda lo aprobó por mayoría con los votos de Maslowski, Pin, Laura Berrondo, Fabián Polverini y Fernando Kubar. En tanto, Mauro García y Gastón Domínguez dispusieron manifestar “in voce” su despacho en sesión.

Por su parte, Klajnberg le pidió al intendente Kubar que anexe los documentos faltantes para aprobar el proyecto de ordenanza.

A fines de agosto, Kubar le solicitó al secretario de Economía que tome intervención en el nuevo acuerdo, donde el plazo se baja a dos años y se hace por un total de 1.812.450 pesos.

El proyecto fue devuelto el 19 de septiembre a Kubar para que lo gire al HCD para su tratamiento, pero hasta el 6 de diciembre no hubo novedades. Ese día, Kubar anexó para Brilloni el informe de dominio de inmueble matriculado y otros documentos de los lotes.

También quedó establecida la forma de pago, en la que el total, también por dos años, termina ascendiendo a 2.085.450 pesos.

Una semana más tarde, López envió el proyecto de ordenanza actualizado a Kubar, que a su vez lo reenvía para Klajnberg, a fin de aprobarla en sesión en el HCD, situación que finalmente se produjo a fines del año pasado.

En ese momento, previo a la sesión aprobatoria, el bloque de concejales del FPV-PJ de General Rodríguez, integrado por Carlos Paz, Gastón Domínguez, Mauro García, Claudia Guerra y Reinaldo Torres, emitió un documento oponiéndose al contrato y calificándolo “de un valor exorbitante” y realizado “de un modo arbitrario y caprichoso”.

“El alquiler del inmueble ubicado en la avenida Bernardo de Irigoyen 654 es uno más de los caprichos de la familia Kubar, porque gracias al concejal Fernando Kubar, el Intendente Darío Kubar alquiló la casa de Juan José Kubar”, fustigaron los ediles en la misiva.

Y agregaron: “Nuestro bloque se opuso desde un primer momento por cuanto nunca se acompañó la escritura correspondiente y por un valor muy superior al corriente de mercado inmobiliario, incluso por encima del sugerido por el Colegio de Martilleros y Tasadores de General Rodríguez”.

“Ante tamaño negociado, que tiene por único espurio e inconfesable fin el beneficio de la familia Kubar y el perjuicio delas arcas municipales, fijó una clara y decidida postura que no ha podido ser rebatida por el bloque de la Alianza Cambiemos, ni por el acomodaticio bloque del Frente Renovador, integrado por Carmelo Maslowski, Fernando Kubar y Analía Alasi”.